Perú llega este domingo a una segunda vuelta que pocos analistas anticipaban tan cerrada. Keiko Fujimori, candidata de derecha de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, candidato de izquierda de Juntos por el Perú, disputan la presidencia con la menor adhesión de la historia reciente: entre los dos apenas sumaron el 29,22 % de los votos válidos en la primera vuelta.
Las elecciones generales se celebraron el 12 de abril, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no proclamó los resultados sino hasta el 17 de mayo, después de revisar miles de actas observadas. Con el 100 % contabilizado, Fujimori obtuvo el 17,2 % de los sufragios (2,88 millones de votos) y Sánchez el 12 % (2,02 millones). La diferencia entre Sánchez y el tercer candidato, Rafael López Aliaga fue de 22.000 votos. La primera vuelta estuvo marcada por retrasos logísticos, lentitud en el escrutinio y denuncias de fraude.
A nueve días de la segunda vuelta, una encuesta de la firma Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI) ubicaba a Fujimori primera en intención de voto con el 32,5 % a nivel nacional, frente al 29,1% de Sánchez. El estudio también registraba un 22,6 % que votaría en blanco y un 13,4 % de indecisos.
El escenario actual es similar a la segunda vuelta de 2021, cuando Fujimori enfrentó a Pedro Castillo, de quien Sánchez se reivindica heredero político. Un análisis del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), proyecta que el voto de López Aliaga, Pérez Tello y Alfonso Carlos Espa se alinearía con Fujimori, llevándola a cerca de 6 millones de votos, mientras el voto antifujimorista de Nieto, Belmont y López Chau iría mayoritariamente a Sánchez, quien partiría con 6,7 millones. Los 2,4 millones de votos en blanco de la primera vuelta también se inclinarían, en su mayoría, por el candidato de izquierda, como ocurrió en 2021.
Lo que se juega en los mercados
El resultado del domingo tendrá consecuencias directas sobre los activos financieros peruanos. Analistas describen el escenario como binario: una victoria de Fujimori podría impulsar las acciones mineras y financieras en la Bolsa de Valores de Lima, mientras que un triunfo de Sánchez generaría presión sobre el dólar y una posible salida de capitales.
Las preocupaciones del mercado ante un eventual gobierno de Sánchez apuntan a propuestas concretas: convocar una Asamblea Constituyente para modificar el capítulo económico de la Constitución de 1993, revisar contratos de concesión minera y ampliar la participación estatal en minería y energía. Sánchez también señaló que reemplazaría a Julio Velarde como presidente del Banco Central, en el cargo desde 2006.
El exministro de Economía Luis Miguel Castilla, que dirige el centro de análisis Videnza Instituto, dijo a Bloomberg Línea que el impacto no sería necesariamente tan severo como en 2021, cuando el dólar superó la barrera de los S/4 durante el gobierno de Castillo. Hoy, señaló, el contexto externo es más favorable: las reservas internacionales netas superan los US$100.000 millones y el superávit comercial rondaría el 11,6 % del PIB, impulsado por los altos precios del cobre.
Perú: siete presidentes en diez años
Quien gane el domingo hereda una institucionalidad desgastada como pocas en la región. En diez años, Perú vio pasar ocho presidentes entre vacancias, renuncias y crisis. Pedro Pablo Kuczynski renunció en marzo de 2018 ante un inminente proceso de destitución, tras revelarse sus vínculos con Odebrecht.
Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso en noviembre de 2020. En su reemplazo asumió Manuel Merino, cuyo gobierno duró solo cinco días tras masivas protestas sociales que forzaron su renuncia.
Posteriormente, Francisco Sagasti encabezó un gobierno de transición hasta las elecciones de 2021, cuando fue electo Pedro Castillo. Castillo fue destituido y detenido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso.
Dina Boluarte, que asumió por sucesión constitucional, renunció en 2025 entre denuncias de corrupción y cuestionamientos por las muertes durante las protestas de 2022 y 2023. Tras su salida, el entonces presidente del Congreso, José Jerí, asumió como mandatario interino, pero también fue destituido en febrero de 2026.
Lo que inicialmente comenzó como una crisis vinculada a escándalos de corrupción terminó configurando un patrón de confrontación entre poderes y judicialización de la política. Según el exministro de Trabajo Jorge González Izquierdo, sin claridad sobre las reglas futuras las empresas postergan decisiones de inversión y expansión, lo que termina afectando el empleo, el consumo y el crecimiento.
