Cada vez que se presenta una protesta en Bogotá, una de las principales afectaciones recae sobre TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Las escenas se han vuelto recurrentes: estaciones cerradas, articulados detenidos durante horas, usuarios atrapados en los buses o miles de personas caminando largas distancias para llegar al trabajo, a una cita médica, a la universidad o regresar a sus hogares.
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En medio de ese panorama, un nuevo proyecto busca que el sistema de transporte continúe operando incluso cuando haya manifestaciones, sin desconocer el derecho constitucional a la protesta.
La iniciativa fue presentada por el concejal de Bogotá Juan David Quintero Rubio, quien comenzó una campaña para recoger apoyo ciudadano alrededor del Proyecto de Acuerdo denominado «No más bloqueos», una propuesta que pretende establecer principios, lineamientos y mecanismos de coordinación institucional para proteger simultáneamente el derecho a la manifestación pacífica y el derecho de millones de usuarios a movilizarse por la ciudad.
La propuesta busca acabar con los bloqueos a Transmilenio
El proyecto parte de una premisa: la protesta social es un derecho constitucional que debe respetarse, pero también lo es el derecho de los ciudadanos a desplazarse.
En la presentación de la iniciativa se señala que «protestar es un derecho. Llegar también», y recuerda que millones de personas dependen diariamente de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable para desarrollar actividades esenciales.
Según la exposición del proyecto, cuando el sistema deja de funcionar por bloqueos «no se afecta la movilidad en abstracto», sino que las consecuencias recaen directamente sobre trabajadores, estudiantes, pacientes, cuidadores y ciudadanos que ya pagaron su pasaje y necesitan llegar a sus destinos.
Por esa razón, la propuesta plantea diseñar un protocolo más expedito y equilibrado que permita mantener la operación del sistema de transporte durante protestas, tanto pacíficas como aquellas que eventualmente deriven en alteraciones del orden público.
La iniciativa también contempla fortalecer la coordinación entre las entidades distritales encargadas del manejo de las manifestaciones y del transporte para reducir las interrupciones del servicio.
Como parte del proceso, la Unidad de Apoyo Normativo del concejal abrió una recolección de apoyos ciudadanos mediante un formulario en el que las personas también podrán contar experiencias relacionadas con bloqueos que hayan afectado su movilidad.
La convocatoria invita a quienes hayan perdido una cita médica, un turno laboral, una clase, dinero o varias horas de desplazamiento debido a interrupciones del sistema.
La información recopilada servirá para respaldar la discusión del Proyecto de Acuerdo, sistematizar los reportes ciudadanos, identificar puntos críticos del SITP y aportar insumos para futuras actividades de control político relacionadas con el transporte público. Los interesados pueden apoyar esta propuesta haciendo clic en este enlace.
La iniciativa también coincide con el ambiente político generado tras algunos llamados a la desobediencia civil formulados por sectores de oposición al nuevo gobierno, liderados por el excandidato presidencial, Iván Cepeda.
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Sobre ese escenario, el presidente electo Abelardo de la Espriella advirtió que cualquier actuación que desborde el marco legal será enfrentada por las autoridades.
«Algunos loquitos hablan de desobediencia civil, que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano. Yo propongo, queridos defensores de la patria, obediencia constitucional. Todo aquello que esté por fuera de la ley, sin importar de dónde venga o quién lo promueva, será enfrentado con toda la fuerza del Estado de Derecho. Que les quede claro», afirmó De la Espriella.
Las declaraciones se produjeron luego de que distintos sectores políticos plantearan escenarios de movilización frente al cambio de gobierno.
El concejal Juan David Quintero aseguró que Bogotá no puede aceptar que el transporte público quede paralizado cada vez que se presentan manifestaciones.
A través de sus redes sociales afirmó: «Presidente electo Abelardo de la Espriella, lo hemos venido diciendo durante meses: a Bogotá la quieren amedrentar con el fantasma de un nuevo estallido social. Ninguna ciudad puede aceptar que unos pocos bloqueen el transporte público y condenen a miles de ciudadanos a caminar durante horas para llegar al trabajo, al estudio, a una cita médica o a su casa.»
Agregó que la ciudad debe proteger el sistema de transporte público como un servicio esencial.
«Tenemos que blindar el sistema de transporte público de Bogotá como servicio esencial. Apoye nuestro Proyecto de Acuerdo para hacerlo realidad. ¡Que nadie vuelva a quedarse tirado por culpa de unos pocos!», señaló.
¿Qué cambiaría si se aprueba el proyecto contra bloqueos en Transmilenio?
De ser aprobado por el Concejo de Bogotá, el Proyecto de Acuerdo no eliminaría el derecho a la protesta ni impediría la realización de manifestaciones.
Lo que propone es establecer lineamientos para que las autoridades distritales coordinen acciones que permitan mantener, en la mayor medida posible, la prestación del servicio de transporte público mientras se desarrollan las protestas.
En la práctica, la intención es evitar que millones de usuarios queden completamente incomunicados cuando se presentan bloqueos sobre corredores troncales de TransMilenio o vías estratégicas de la capital.
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Por ejemplo, si una manifestación bloquea un tramo de la avenida Caracas o la autopista Norte, las autoridades tendrían protocolos previamente definidos para minimizar la interrupción del servicio, habilitar rutas alternas o adoptar medidas que reduzcan el impacto sobre los pasajeros.
