La Contraloría General de la República inició una intervención formal en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de recolectar datos y verificar de primera mano cómo se están manejando los recursos de la nación.
La diligencia, liderada por la Unidad de Reacción Inmediata, cuenta con el acompañamiento de un equipo de Policía Judicial encargado de la inspección y el recaudo de información técnica y financiera.
Esta medida se produce inmediatamente después de que el organismo de control activara una función de advertencia dirigida al Gobierno Nacional, tras identificar que, luego de levantada la Ley de Garantías, se han suscrito 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, lo que refleja un incremento del 22,5 %.
La entidad advirtió que el Gobierno enfrenta serias presiones de caja e incumplimiento en sus metas de ingresos. En palabras sencillas: se está comprometiendo dinero que el Estado aún no tiene asegurado o que no hay capacidad real de gastar en los cinco meses que quedan del año.
De hecho, la entidad identificó siete factores de riesgo que podrían llevar a que se pierda plata pública, entre ellos, falta de planeación, dado que se están firmando contratos millonarios sin tener claro de dónde saldrá todo el dinero, contrataciones «a dedo», producto de un crecimiento exagerado en contratos directos que dificulta el control, y el riesgo de que el Estado se endeude más de lo debido o no pueda cumplir con sus compromisos financieros.
Los auditores están tras la pista de posibles irregularidades en la firma masiva de contratos y el manejo del presupuesto, en un momento en que el Estado tiene el cinturón apretado debido al bajo recaudo de impuestos.
Con esta inspección física en el Ministerio de Hacienda, la Contraloría busca actuar de forma preventiva para evitar que el patrimonio público se vea afectado y que los funcionarios responsables terminen en procesos disciplinarios o fiscales.
—
