La Contraloría General de la República informó, mediante un comunicado, que identificó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como resultado de una auditoría de cumplimiento realizada al contrato de concesión 4G del megaproyecto Chirajara–Fundadores y a otros contratos asociados al corredor vial Bogotá-Villavicencio, correspondientes a las vigencias 2022-2025.
De acuerdo con el organismo de control, la actuación fue adelantada por la delegada para el Sector de Infraestructura y permitió establecer que, aunque una parte significativa de las obras fue construida y entregada entre junio de 2015 y febrero de 2024, aún existe un tramo de 6,5 kilómetros que permanece fuera de operación. Esta situación impide la entrada en funcionamiento integral de uno de los corredores viales más importantes del país, clave para la conexión entre el centro de Colombia y los Llanos Orientales.
La Contraloría explicó que las principales causas de este retraso corresponden a los daños que todavía no han sido reparados en el Túnel 13 y al colapso del Puente 1 del sector 3A (Quebrada Seca), registrado el 15 de junio de 2019 en inmediaciones del kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio.
Según el informe de auditoría, estas circunstancias han impedido la puesta en operación del tramo de doble calzada, pese a que varias de las obras que hacen parte del proyecto ya fueron culminadas y entregadas.
Viaducto Chirajara continúa sin entrar en operación
Uno de los principales hallazgos identificados por la Contraloría está relacionado con el Viaducto Chirajara, una de las estructuras más representativas del proyecto. Aunque la infraestructura fue terminada el 4 de febrero de 2024, más de dos años después continúa sin ser recibida formalmente por la Agencia Nacional de Infraestructura, lo que ha impedido su entrada en funcionamiento.
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El organismo de control señaló que, al no haberse surtido el proceso de recibo oficial ni su puesta en servicio, el viaducto no está cumpliendo la finalidad para la cual fue construido, pese a la inversión realizada con recursos públicos.
La entidad agregó que esta situación limita la integración funcional del viaducto con la doble calzada del corredor Bogotá-Villavicencio, lo que afecta la continuidad del servicio de transporte y restringe los beneficios esperados en materia de movilidad, seguridad vial y conectividad para los miles de usuarios que transitan por esta vía estratégica.
Durante la auditoría también fue analizado el laudo arbitral del 10 de noviembre de 2023, mediante el cual se determinó que la ANI debía asumir el riesgo derivado de la inestabilidad de la ladera ubicada en el kilómetro 58, condición que se presentó con posterioridad a los daños estructurales registrados en ese sector.
Como consecuencia de esa decisión arbitral, la Agencia Nacional de Infraestructura fue condenada a ejecutar las intervenciones necesarias para reparar tanto el Túnel 13 como el Puente 1, con el propósito de habilitar el funcionamiento del Viaducto Chirajara y del tramo de doble calzada al que pertenece.
