Millones de colombianos dependen del pasaporte para viajar, estudiar, trabajar, adelantar trámites o acreditar su identidad fuera del país. Por eso, cualquier cambio en el modelo de producción de este documento puede tener un efecto directo sobre los ciudadanos, especialmente si llegara a afectar la disponibilidad de las libretas o los tiempos de expedición.
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Ese es uno de los asuntos que encuentra el Gobierno de Abelardo De la Espriella al recibir la administración del Estado. El Libro de la Verdad, elaborado durante el proceso de empalme, advierte sobre un frente jurídico alrededor del nuevo esquema de pasaportes y plantea el riesgo de que una eventual decisión judicial termine afectando la continuidad del servicio.
El asunto aparece en el capítulo correspondiente al sector Interior y Gobierno, firmado por el ministro Rodrigo Lara Restrepo. Allí se cuestiona el estado del convenio suscrito entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para producir pasaportes y cédulas digitales.
Según el documento, se trata de un convenio interadministrativo internacional por 255 millones de euros durante 10 años, celebrado mediante contratación directa, con un valor pactado de 17 euros por libreta. El Libro de la Verdad señala además que la Procuraduría investiga el presunto ingreso de libretas de un origen diferente al establecido en el acuerdo.
¿Dónde está el problema con el contrato de pasaportes?
La principal alerta está relacionada con el Decreto 1099 de 2025, que establece las condiciones que permiten sustentar el modelo de contratación para la producción de los documentos. De acuerdo con el Libro de la Verdad, este decreto está demandado ante el Consejo de Estado.
El Gobierno De la Espriella plantea un escenario concreto: si el convenio llegara a ser declarado nulo o se ordenara la suspensión del modelo sin que exista una alternativa preparada, Colombia podría quedarse sin capacidad suficiente para producir los documentos.
El documento lo resume así: “Si el convenio se declara nulo sin un plan de transición, millones de colombianos podrían enfrentar demoras, escasez de libretas o suspensión en la expedición de estos documentos”.
La advertencia es especialmente relevante porque el pasaporte no es un trámite accesorio. Para una persona que tiene un viaje internacional programado, una oportunidad laboral en otro país o necesita desplazarse por razones familiares, una demora en la entrega puede significar costos adicionales y la pérdida de reservas o compromisos.
El propio Libro de la Verdad recuerda que el pasaporte es el documento mediante el cual un colombiano puede acreditar su identidad, viajar, trabajar o realizar trámites en el exterior. Por eso, una eventual interrupción tendría consecuencias sobre la movilidad y el derecho a la identidad.
La preocupación no quedó planteada únicamente en términos jurídicos. En el cierre del capítulo sectorial, Rodrigo Lara Restrepo señala que la nueva administración deberá hacer seguimiento al proceso para evitar que una decisión sobre el convenio termine afectando a quienes necesitan obtener o renovar su pasaporte.
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“Los recursos y la continuidad del servicio de la UNP es una prioridad; así como seguir de cerca el proceso jurídico del convenio de pasaportes con Portugal para evitar traumatismos con la expedición”, señala el ministro en el documento.
¿Esto significa que los pasaportes ya están suspendidos?
No. Este punto es importante para los ciudadanos. La existencia de una demanda y de investigaciones sobre el convenio no significa que actualmente esté suspendida la expedición de pasaportes. De hecho, la situación judicial tuvo un desarrollo posterior al escenario descrito en el Libro de la Verdad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el 27 de julio de 2026 una medida cautelar solicitada por la Procuraduría para suspender los desembolsos del convenio, por considerar que no se acreditaron los requisitos legales necesarios para adoptar esa decisión. La decisión no equivale a una sentencia definitiva sobre la validez del convenio, pero sí mantiene vigente el modelo mientras continúa el proceso judicial.
La Cancillería, además, ha sostenido que el nuevo esquema está diseñado para garantizar la continuidad del servicio y que la transición comenzó en 2026 con participación de la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
Por tanto, el riesgo planteado por el Gobierno De la Espriella debe entenderse como un escenario condicionado a lo que ocurra con el proceso judicial y a la existencia de un plan de transición, no como una advertencia de que los colombianos vayan a quedarse sin pasaporte de manera inmediata.
El volumen del trámite ayuda a dimensionar el impacto. Solo en Bogotá, la Cancillería reportó 281.603 trámites de pasaporte durante el primer semestre de 2026, incluyendo los realizados en las sedes Centro, Norte y puntos de la Red CADE. Además, las jornadas móviles permitieron atender a 23.919 ciudadanos.
Eso significa que cualquier alteración en la cadena de producción, personalización, custodia o distribución puede afectar a un número importante de personas.
El nuevo modelo contempla precisamente una transformación de esa cadena. La Casa de la Moneda de Portugal participa en la fabricación de las libretas, mientras que la Imprenta Nacional asumió la personalización en Colombia. El objetivo oficial es avanzar progresivamente hacia una mayor autonomía tecnológica y estatal en la producción del documento.
El problema que recibe el Gobierno de De la Espriella, entonces, tiene dos dimensiones: por un lado, resolver las controversias jurídicas que rodean el modelo; por otro, garantizar que cualquier decisión sobre el convenio tenga una alternativa operativa que evite trasladar el conflicto contractual a los ciudadanos.
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El propio Libro de la Verdad deja planteada esa prioridad al cerrar el capítulo de Interior y Gobierno: “La gobernabilidad del país empieza por garantizar que ningún colombiano se quede sin protección, sin pasaporte o sin la respuesta del Estado que la ley le debe”.
