El fuerte crecimiento del mercado ilegal de tabaco está llevando a distintos países a revisar si las cargas tributarias que soportan los cigarrillos están cumpliendo el objetivo para el que fueron creadas. En Australia, una propuesta plantea una reducción drástica del impuesto al tabaco como parte de una estrategia para recuperar mercado formal y combatir el contrabando.
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La discusión también tiene relevancia para Colombia, donde el mercado ilícito de cigarrillos alcanzó una participación de 38 % del consumo nacional en 2025, según el estudio de incidencia de cigarrillos ilegales realizado por Invamer para la Federación Nacional de Departamentos (FND). En otras palabras, cerca de cuatro de cada diez cigarrillos consumidos en el país corresponderían al mercado ilegal.
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El impacto también se refleja en las finanzas territoriales. La Federación Nacional de Departamentos estima que el contrabando de cigarrillos representó en 2025 una pérdida de $1,186 billones en el recaudo del impuesto al consumo de los departamentos. En los últimos cinco años, las pérdidas acumuladas superarían los $4,8 billones.
Esto plantea una discusión que va más allá de cuánto recauda el Estado por cada cajetilla: ¿una carga tributaria más alta puede terminar haciendo más atractivo el producto ilegal frente al legal?
¿Cuánto impuesto paga actualmente el tabaco en Colombia?
Para entender el debate, primero hay que separar los componentes del impuesto. El Ministerio de Hacienda certificó para 2026 un impuesto específico de $4.446 por cada cajetilla de 20 cigarrillos. Esta es la tarifa del componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos. Para productos como picadura, rapé o chimú, la tarifa certificada es de $354 por gramo.
Además de este componente específico, la legislación contempla un componente ad valorem del 10 % sobre la base gravable correspondiente al precio de venta al público certificado por el DANE.
Por ejemplo, para entender la diferencia entre ambos componentes, si una cajetilla tuviera un precio de venta al público de $10.000, los $4.446 corresponderían al componente específico y el componente del 10 % representaría otros $1.000 sobre esa base. El ejemplo sirve para comprender la estructura del impuesto; el cálculo efectivo debe realizarse con la base gravable y las reglas tributarias aplicables.
La tarifa específica de $4.446 no es una cifra arbitraria. El Ministerio de Hacienda explica que este componente se actualiza anualmente con base en la fórmula establecida por la Ley 223 de 1995, modificada por la Ley 1819 de 2016. Para 2026, la actualización correspondió al 9,30 %.
Cabe recordar que el Decreto Legislativo 1474 de 2025 estableció medidas tributarias durante la emergencia económica y contempló un aumento del impuesto a los cigarrillos. Sin embargo, ese decreto dejó de producir efectos desde el 29 de enero de 2026, cuando la Corte Constitucional ordenó su suspensión provisional. Posteriormente, mediante la Sentencia C-079 de 2026, la Corte declaró inexequible el decreto por consecuencia, debido a que la norma que había declarado la emergencia económica también había sido expulsada del ordenamiento jurídico.
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La Corte además ordenó que los impuestos indirectos pagados mientras el Decreto 1474 produjo efectos fueran devueltos a quienes acreditaran haberlos pagado materialmente.
Por eso, $11.200 no debe presentarse como el impuesto vigente actualmente para una cajetilla. La tarifa específica certificada por Hacienda para 2026 es de $4.446 por cada cajetilla de 20 unidades, además de los demás componentes que correspondan.
¿Por qué el impuesto tiene relación con el contrabando?
El argumento de quienes proponen revisar la carga tributaria parte de una relación económica sencilla: cuando existe una diferencia importante entre el precio de un producto legal y uno ilegal, el consumidor puede tener un incentivo para acudir al mercado de contrabando.
El problema para el Estado es que una venta ilegal no genera el mismo recaudo tributario que una venta realizada dentro del mercado formal. Por eso, una mayor tarifa por unidad legalmente vendida no necesariamente garantiza un mayor recaudo si simultáneamente crece la proporción de consumidores que se desplazan hacia el mercado ilegal.
En Colombia, el tamaño de ese mercado hace que la discusión tenga una dimensión considerable. La Federación Nacional de Departamentos, a partir del estudio de Invamer, reportó que el mercado ilícito representó 38 % del consumo de cigarrillos en 2025. La misma fuente estima que el contrabando significó $1,186 billones que dejaron de ingresar al recaudo del impuesto al consumo departamental durante ese año.
Además, un análisis de la Universidad de los Andes advierte sobre el posible efecto que tendría un aumento importante del impuesto sobre las rentas asociadas al comercio ilegal. Bajo el escenario analizado con una tarifa de $11.200 por cajetilla, esas rentas podrían pasar de aproximadamente $395.000 millones a más de $900.000 millones anuales.
La cifra permite dimensionar el otro lado de la discusión: si el mercado ilegal gana participación, una parte del dinero que podría terminar en impuestos queda en manos de las redes que comercializan productos de contrabando.
Australia puso sobre la mesa una reducción de hasta 80 % al impuesto al tabaco
El debate internacional tomó fuerza en Australia, donde una comisión del Senado planteó detener nuevos aumentos del impuesto al tabaco y realizar una revisión independiente de la carga tributaria, junto con un fortalecimiento de los controles contra el comercio ilegal.
La propuesta más radical plantea reducir hasta 80 % el impuesto al tabaco. La idea fue planteada por la diputada Mary Aldred y el senador Richard Colbeck, quienes consideran que una reducción de la carga tributaria podría ayudar a recuperar parte del mercado para los canales legales si se acompaña de medidas más fuertes contra el contrabando.
La propuesta no plantea simplemente bajar impuestos y dejar el mercado sin controles. Entre las medidas discutidas aparecen un mayor control fronterizo, inspecciones de mercancías y una coordinación más estrecha entre las autoridades encargadas de combatir el comercio ilegal.
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El razonamiento es que si la diferencia de precio entre el producto legal y el ilegal disminuye, el mercado formal podría recuperar consumidores. Pero la medida también genera una discusión de salud pública, porque un producto legal más barato podría tener efectos sobre el consumo. El caso australiano pone sobre la mesa es un debate relevante para Colombia: cómo encontrar un equilibrio entre recaudo, salud pública y lucha contra el contrabando.
