En el marco del cuarto Congreso de Inversión y de Desarrollo Inmobiliario, Camacol ByC y la Asociación Colombiana de Capital Privado (Colcapital) presentaron la hoja de ruta con la que se apunta a movilizar la inversión de los territorios. El documento está integrado por nueve propuestas de política pública orientadas a mejorar las condiciones para alcanzar ese objetivo.
Los lineamientos están organizados en cuatro grandes categorías y buscan ampliar y diversificar las fuentes de capital. ¿La meta?: aumentar la frontera de inversión en el sector, retomar la senda de crecimiento en la atracción de recursos, apalancar ese impulso en el tejido empresarial y poner la mira en la formalidad de vivienda.
Promover la inversión
De este rubro se desprenden cinco propuestas con resultados proyectados a 2030. Estas además contemplan un entorno regulatorio estable, eficiente y neutral que permita a la industria competir por capital, atraer inversión y fortalecer su contribución al desarrollo económico.
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En un primer lugar, los gremios plantean incluir todos los vehículos inmobiliarios en el régimen de las AFPs, incluyendo los Fondos de Inversión Colectiva Inmobiliarios (FICI) y las titularizaciones inmobiliarias. Para ello se propone modificar el artículo 2 de la ley 2112 de 2021 y los decretos reglamentarios con el fin de elevar del 3 % al 5 % el mínimo de inversión.
Como un segundo punto, la hoja de ruta sugiere incluir en el régimen de inversión del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (contemplado en la reforma pensional) a los Fondos de Capital Privado (FCP), los FICI y los esquemas de titularización inmobiliaria.
Con esto se busca asegurar un régimen de inversión alineado con estándares internacionales que permita maximizar la rentabilidad de largo plazo en beneficio de los afiliados del sistema pensional, además de facilitar la canalización de recursos hacia proyectos productivos y de inversión en pro del desarrollo nacional.
Camacol y Colcapital también proponen adecuar el marco regulatorio para la inversión de aseguradoras en vehículos inmobiliarios. Este punto plantea ajustar un apartado del Decreto 2555 de 2010 para que la exigencia de capital a los vehículos de capital privado se mida según su nivel de riesgo real y su calificación crediticia.
Por otro lado, se sugiere reformar el régimen normativo y el modelo de contratación del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) con la habilitación de la inversión en activos alternativos y vehículos de capital privado inmobiliarios como parte del portafolio, así como la modernización de los plazos de licitación y comisiones.
Como parte de este objetivo por promover y democratizar el acceso a este tipo de inversión, las agremiaciones plantean ampliar la participación de personas naturales mediante educación financiera, mayor acceso a vehículos inmobiliarios e incentivos, a través de una estrategia público-privada.
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Alianzas Público-Privadas (APP)
Al potenciar estas asociaciones, se tiene en la mira generar una cartera de proyectos financiables y sostenibles.
Para lograrlo, la hoja de ruta apuesta por el fortalecimiento del régimen de las APP para habilitar infraestructura social y apoyar la reconstrucción del país. En especial, en un contexto marcado por los desafíos derivados del terremoto del pasado 10 de agosto.
“El esquema de APP permite integrar financiación, construcción, operación y mantenimiento bajo compromisos de largo plazo y vincular remuneración del privado a la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de niveles de servicio y estándares de calidad”, destaca el documento.
Los gremios también proponen actualizar los lineamientos de política pública en materia de APP mediante un nuevo documento CONPES, con criterios que fortalezcan la continuidad institucional, mejoren la estructuración de proyectos estratégicos y faciliten su ejecución.
Profundizar en el mercado e incentivos tributarios
El conjunto de propuestas cierra con dos acciones orientadas a establecer reglas de juego claras para el sector y contar con los mecánicos para su desarrollo.
En primer lugar, se busca crear un régimen especializado que elimine asimetrías, modernice las condiciones de valoración y operación y facilite vehículos más competitivos, escalables y atractivos para inversionistas.
Además, se apunta a atraer mayor inversión extranjera, eliminando barreras tributarias para el tratamiento de los dividendos, así como la tasa mínima de tributación. Eso sumado a simplificar de forma integral los trámites asociados al registro de la inversión extranjera, los deberes de custodia y las cargas administrativas para acceder a la infraestructura del mercado público de valores colombiano.
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