Hace exactamente un mes, a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad superior a los 100 kilómetros, sacudió el occidente colombiano.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano fue el terremoto más fuerte que ha vivido el país en la última década y el primer gran desafío del presidente Abelardo de la Espriella, que solo llevaba horas de posesionado.
Según el reporte de la UNGRD, fueron 16 departamentos y 498 municipios los afectados, dejando a su paso 331 fallecidos, 4.505 heridos, 111 desaparecidos y 364 rescates.
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Frente a los daños materiales, el cálculo es de 202.002 viviendas averiadas y 36.326 destruidas, así como 6.005 edificios averiados y 743 colapsados.
El terremoto también afectó 400 centros de salud, 4.313 centros educativos, 6.033 centros comunitarios, 521 vías, 5 aeropuertos, 141 acueductos, 102 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales afectados
Cabe mencionar que el propio ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, advirtió que estas cifras son preliminares y están sujetas a variación: la clasificación entre afectaciones estructurales y no estructurales —clave para definir qué viviendas se reparan y cuáles se reconstruyen desde cero— todavía no está incorporada en los instrumentos de consolidación nacional.
MinVivienda, con la tarea titánica
Si hay un Ministerio al que le compete de lleno la reconstrucción, es el de Vivienda. Las primeras proyecciones hablan de años para levantar todo lo que resultó afectado, y la cuenta de cuánto costará ya empieza a tomar forma.
El propio presidente De la Espriella dio la primera cifra gruesa en su alocución del 17 de agosto: unos $30 billones, según el cálculo de pérdidas físicas directas que encargó a una firma privada para Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.
De ese total, unos $24,5 billones corresponderían a edificaciones y $5,5 billones a infraestructura. El propio Gobierno ha aclarado que esa cifra es preliminar, porque en ciudades como Cali y Pereira los estudios de daño todavía no terminan.
El problema es que el presupuesto propio del Ministerio no alcanza ni de lejos esa magnitud. En un debate de control político ante la Comisión Séptima del Senado, el ministro Beltrán advirtió que los $700.000 millones de pesos previstos para su cartera en el Presupuesto General de la Nación de 2027 «no son absolutamente nada para hablar de un proceso de reconstrucción», y anunció que pedirá a Hacienda una adición de $4 billones adicionales, que se sumarían a los $6,65 billones ya asignados en el proyecto de presupuesto que discute el Congreso.
Entre las medidas de carácter ordinario que el Gobierno ya adoptó están la ampliación automática por 12 meses de las licencias urbanísticas vigentes al 10 de agosto, la modificación de las modalidades de licencia para reforzamiento estructural y demolición, y un subsidio excepcional a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos 1, 2 y 3.
El vehículo financiero central de esa reconstrucción será el fideicomiso «Vivienda Milagro», que canalizará recursos del presupuesto público, aportes privados, el Fondo de Vivienda de Interés Social de las cajas de compensación, obras por impuestos y banca multilateral.
Lo que el propio Ministerio admite que todavía falta es, en primer lugar, la desagregación técnica entre daños estructurales y no estructurales en las viviendas, indispensable para saber cuántas familias requieren reconstrucción total frente a mejoramiento; y, en segundo lugar, la expedición formal de los decretos legislativos que conviertan las medidas «en estructuración» en normas con fuerza de ley, con su respectivo costo fiscal y fuentes de financiación ya definidas.
Plan Marshall para el Chocó: los «cacaos» entran a la reconstrucción
El presidente De la Espriella ha reiterado, desde los primeros días de la emergencia, el anuncio de un «Plan Marshall para el Chocó», que el propio Ministerio de Vivienda reconoció ante el Congreso que se encontraba, hasta hace apenas unos días, en fase de estructuración.
El 7 de septiembre, a solo días de cumplirse el mes del sismo, esa estructuración tomó forma concreta: el presidente viajó a Quibdó junto a una comitiva de los empresarios más poderosos del país —Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski), Alejandro Santo Domingo (Valorem), Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval), Fuad Char (Olímpica), Juan Carlos Mora (Bancolombia), César Caicedo (Colombina), Miguel Cortés Kotal (Grupo Bolívar), Christian Daes (Tecnoglass), David Vélez (Nubank) y representantes de la Organización Ardila Lülle— para presentar un paquete de 14 medidas orientadas a «saldar la deuda histórica» del Estado con el departamento más pobre y más golpeado por el terremoto.
Entre los anuncios de esa cumbre figuran un paquete de infraestructura vial y aeroportuaria por un $1billón —financiado en partes iguales entre obras por impuestos y aportes directos de los empresarios—, 5.000 millones de pesos en capital semilla a través del programa Impulsa (con aportes de Bancolombia, Colombina y Tecnoglass) para mil emprendedores afectados, 100 becas educativas para jóvenes chocoanos y la reducción, negociada directamente por el presidente con Sarmiento, los Gilinski y Cortés, de la tasa de los créditos de vivienda para damnificados al 8 % efectivo anual durante toda la vida del crédito.
Según cifras del propio De la Espriella, ese grupo de empresarios ya ha donado en conjunto más de $2 billones, repartidos en 13 acuerdos concretos alcanzados en dos reuniones sucesivas con el Gobierno.
La ayuda internacional para Colombia
A esos aportes se suma la solidaridad internacional: el vicepresidente José Manuel Restrepo reportó ofertas de cooperación por más de US$1.300 millones provenientes de más de 25 países y organismos multilaterales, encabezadas por Estados Unidos —con cerca de US$26,5 millones para la respuesta inmediata— y complementadas con donaciones del Banco Mundial (US$200.000), la CAF (US$500.000) y líneas de financiamiento rápido del BID por hasta US$300 millones.
En el frente privado, la donación individual más grande hasta ahora es la de David Vélez, fundador de Nubank, quien comprometió 100.000 millones de pesos (unos US$32 millones) concentrados especialmente en el Chocó.
La primera dama, Ana Lucía Pineda, lideró además la campaña de recolección de ayudas «Colombia, un solo corazón», que movilizó más de 250 toneladas de suministros hacia Quibdó, mientras artistas como Shakira anunciaron aportes propios —junto al filántropo Howard Buffett y organizaciones como Global Citizen y Live Nation— destinados a la reconstrucción de colegios y de la Universidad Tecnológica del Chocó.
Nuevas cartas para gestionar la reconstrucción
El presidente De la Espriella también ha ido armando, sobre la marcha, un equipo de gestión paralelo a los ministerios.
Nombró al empresario Jaime Uribe como gerente del Fondo Milagro, el vehículo que administrará los recursos privados y de cooperación internacional destinados a la reconstrucción, y designó gerentes territoriales dedicados exclusivamente a hacer seguimiento en las zonas más golpeadas: José Leonidas Tobón para el Chocó, como articulador de las necesidades del departamento ante el Gobierno Nacional, y Juan Manuel Muñoz para el Valle del Cauca.
Con el diagnóstico técnico todavía en curso, el Gobierno ha planteado que la reconstrucción se extenderá por varios años y avanzará en las fases 2 y 3 de «Todos Ponen»: el cierre financiero de las soluciones habitacionales con concurrencia de subsidios públicos, cajas de compensación y crédito constructor a tasas preferenciales; y, más adelante, proyectos de renovación urbana y vivienda nueva terminada —incluida vivienda No VIS para los estratos 4, 5 y 6 también golpeados por el sismo.
Lo que le falta al país para sostener ese calendario se reduce, en el fondo, a dos cosas: plata y que el sector privado cumpla lo prometido.
Cabe mencionar que el presidente Abelardo de la Espriella emitió un paquete de decretos con medidas que facilitan el acceso a recursos públicos y privados.
Entre las principales disposiciones está la creación del Fondo Milagro, que recibirá recursos del Presupuesto General de la Nación, donaciones, créditos y aportes privados; además, se habilitaron recursos del Fondes para empresas eléctricas afectadas, mecanismos de solidaridad entre entidades territoriales y nuevas alternativas de financiación para alcaldías y gobernaciones.
El paquete también flexibiliza el acceso al Fonpet, permite modificar jornadas y procesos administrativos, facilita el uso de información del DANE para la atención de la emergencia y establece medidas especiales para garantizar la prestación del servicio educativo.
Finalmente, el Gobierno creó una modalidad de Obras por Impuestos para la Reconstrucción, que permitirá a empresas financiar proyectos en los municipios afectados por el terremoto.
Así, un mes después del terremoto, la emergencia entra en una nueva etapa: pasar de la atención inmediata a una reconstrucción de largo plazo. El reto para la administración de Abelardo de la Espriella será garantizar que los recursos anunciados lleguen efectivamente a los territorios, que las obras avancen dentro de los cronogramas y que el esfuerzo financiero se mantenga durante los próximos años.
