El Ministerio de Justicia avanza en la elaboración de un proyecto de ley de sometimiento que sería presentado ante el Congreso de la República en los próximos días.
La iniciativa busca establecer un mecanismo jurídico para que organizaciones al margen de la ley que manifiesten su voluntad de abandonar las actividades ilícitas puedan acogerse a las condiciones definidas por el Estado por medio de una negociación.
La propuesta contempla que el eventual sometimiento de estas estructuras parta de una decisión voluntaria y se desarrolle dentro del marco establecido por la Constitución y las leyes colombianas.
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El ministro de Justicia, Cancino, explicó que el Gobierno trabaja en los lineamientos que permitirían implementar este mecanismo y señaló que su aplicación deberá estar sujeta a las disposiciones legales vigentes.
Gobierno también prepara cambios en la estrategia contra los cultivos ilícitos
Durante sus declaraciones, el ministro también se refirió a la política de erradicación de cultivos ilícitos y señaló que el Ejecutivo pretende avanzar en diferentes mecanismos para enfrentar esta problemática.
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Entre las alternativas contempladas se encuentran la aspersión aérea, la erradicación terrestre y el uso de drones, procedimientos que, según explicó el funcionario, deberán desarrollarse dentro de los parámetros fijados por la Corte Constitucional.
Cancino indicó que cualquier estrategia deberá incorporar criterios relacionados con la protección del medioambiente y el principio de precaución. También deberá tener en cuenta las condiciones de la población civil y las características de las zonas donde se encuentran los cultivos.
El ministro sostuvo, además, que la presencia de cultivos ilícitos constituye una afectación a derechos fundamentales, argumento que hace parte de la discusión sobre las herramientas que puede utilizar el Estado para enfrentar esta actividad.
Comuneros del Sur retoma proceso de desmovilización
En relación con Comuneros del Sur, el Gobierno informó que fue retomado el proceso de desmovilización que había comenzado durante la administración anterior.
De acuerdo con lo señalado por el ministro Cancino, actualmente participan en este procedimiento la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades estatales.
La articulación entre estas instituciones hace parte del proceso que busca avanzar en la salida de los integrantes de esta estructura de las actividades ilegales y su incorporación a los mecanismos establecidos por el Estado.
