Con el propósito de definir la agenda económica y social de los próximos cuatro años, el centro de estudios Fedesarrollo entregó al vicepresidente, José Manuel Restrepo, ocho documentos de política.
Estos informes ofrecen diagnósticos rigurosos y hojas de ruta concretas para abordar los desafíos más apremiantes del país en el frente fiscal, el desabastecimiento eléctrico y de gas, el sistema de salud, la educación, el sistema de justicia, el licenciamiento ambiental, la lucha contra la corrupción y el control del crimen organizado.
Entre las propuestas centrales figuran un ajuste fiscal estructural de entre el 4 % y el 5 % del PIB, un plan de choque inmediato frente a la amenaza de desabastecimiento de electricidad y gas, la reestructuración técnica del sistema de salud y el restablecimiento de Colombia en las redes globales de inteligencia financiera.
La directora ejecutiva de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, subrayó que el objetivo de este esfuerzo trasciende el diagnóstico: “Nuestro papel no es generar solo análisis y opinión, sino participar activamente en la construcción de la política pública en Colombia, con evidencia rigurosa y de la más alta validez, para que las decisiones se tomen con la mejor información disponible”, dijo.
El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, destacó la importancia de estos insumos para la administración del presidente Abelardo de la Espriella. “Estamos convencidos de que hay que nutrirse de conocimiento, de avances científicos y técnicos sobre lo que significan los grandes problemas del país. Aquí, construimos conjuntamente para poder materializar el crecimiento y la productividad que abandera tanto el Gobierno como Fedesarrollo”, indicó.
En esa misma línea, Armando Montenegro, presidente del Consejo Directivo de Fedesarrollo, reafirmó el compromiso de la entidad para realizar un seguimiento continuo a la implementación de las alternativas planteadas en finanzas públicas, seguridad, salud, educación y energía.
Las propuestas sectoriales, diagnósticos y sus efectos
Entre 2020 y 2025, el déficit total promedió un 6,2 % del PIB, prácticamente duplicando el 3,1 % registrado entre 2004 y 2019. Este desbalance proviene principalmente del gasto primario, que en 2025 se ubica 2,8 puntos del PIB por encima de su tendencia, a diferencia de los ingresos tributarios, que solo muestran una desviación de 0,1 puntos.
En respuesta, Fedesarrollo plantea realizar un ajuste estructural de entre 4 % y 5 % del PIB enfocado en contener el gasto público. La adopción de un plan fiscal verificable anclaría la credibilidad del país, lo que permitiría reducir las tasas de interés entre 250 y 300 puntos básicos y generar ahorros anuales superiores al 1,5 % del PIB.
Por otro lado, Colombia afronta un riesgo simultáneo de desabastecimiento de gas y electricidad inédito desde 1994, cuyo impacto económico podría costar hasta un 1,5 % del PIB.
Entre 2012 y 2023, las reservas probadas de gas cayeron de 5.727 a 2.373 GPC, mientras la perforación de pozos bajó de 130 al año a solo 34 en 2024. Adicionalmente, el sector acumula $5,1 billones en subsidios pendientes de pago y deudas por $6,9 billones en operadoras como Air-e y Afinia.
La propuesta del centro de pensamiento es un plan de choque para 2026 que incorpore 1.000 MW térmicos y habilite la importación de gas natural licuado (GNL). También se plantea reabrir la exploración de gas, sanear el déficit financiero del sector y devolver la independencia técnica a la CREG.
En otro frente, el sistema de salud opera con una siniestralidad del 109,5 % y una insuficiencia financiera de $19,7 billones al año. Las deudas acumuladas entre EPS y hospitales se sitúan entre $25,7 billones y $32,9 billones, mientras que 12 EPS intervenidas concentran 29,5 millones de afiliados (más de la mitad del país).
Fedesarrollo sugiere ajustar técnicamente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) mediante metodologías públicas e independientes. Además, para sanear las deudas, plantea crear una cámara de compensación cartera y emitir bonos farmacéuticos. También propone corregir los esquemas de incentivos sin desmontar la estructura del sistema y sincerar la clasificación de las EPS según su viabilidad financiera real.
Respecto al crimen organizado, dado que los indicadores de seguridad física se han deteriorado desde 2017, se sugiere medir la eficacia de la fuerza pública por la reducción del daño a la ciudadanía y no por el volumen de capturas.
Así mismo, se plantea perseguir las rentas criminales con estrategias diferenciadas por territorio y recuperar de forma prioritaria la membresía plena en el Grupo Egmont, restableciendo el intercambio de información financiera con 174 unidades de inteligencia del mundo suspendido en 2024.
Fedesarrollo recordó que en 2025 se registraron 13.733 homicidios, 78 masacres y 13.441 denuncias de extorsión. Y destacó que el narcotráfico genera cerca de US$16.500 millones anuales (4,4 % del PIB) y la minería ilegal de oro aporta un 1 % del PIB a las economías ilícitas.
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