En el marco del trámite legislativo hacia el segundo debate del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, el Ministerio de Hacienda solicitó formalmente al Congreso de la República desaprobar y archivar cuatro proposiciones que habían sido avaladas en el primer debate por las Comisiones Económicas Conjuntas.
La petición se fundamenta en la violación de la Constitución Política y del Estatuto Orgánico del Presupuesto, pues en dicha sesión, que tuvo lugar el 23 de septiembre, se aprobaron modificaciones e incrementos de gasto sin contar con el aval escrito ni la aceptación formal del ministro del ramo.
La cartera de Hacienda advirtió que mantener estas iniciativas en el texto final genera un riesgo de inconstitucionalidad que comprometería la seguridad jurídica de la ley anual de presupuesto, por lo que fueron retiradas de la ponencia para el segundo debate en las plenarias, que podría citarse esta misma semana.
Las cuatro proposiciones objeto de la solicitud de archivo comprenden el incremento de $500.000 millones en las apropiaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la asignación presupuestal directa de $1,2 billones al Congreso de la República, la incorporación de reglas sobre la ejecución y manejo presupuestal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la reducción de partidas del Ministerio de Hacienda para trasladar $1,05 billones hacia órganos de control y justicia (Contraloría General, Procuraduría General, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Registraduría Nacional, CNE y el propio Congreso).
El Gobierno recordó que la Carta Política prohíbe expresamente al Legislativo aumentar o incluir nuevas partidas de gasto sin la autorización escrita del Ejecutivo, por lo que solicitó a las plenarias de Senado y Cámara corregir oportunamente el trámite en el segundo debate, que podría tener lugar este jueves.
En paralelo a la objeción de estas proposiciones, la ponencia del Presupuesto 2027 ratifica el esfuerzo de racionalización en diversas dependencias estatales. Dentro de estas medidas destaca la reducción de $170.000 millones en el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este ajuste fiscal comprende un recorte de $30.000 millones en gastos de funcionamiento y $140.000 millones en el rubro de inversión, sustentado en la necesidad de adecuar las apropiaciones a las severas restricciones financieras del próximo año sin paralizar las funciones misionales del juzgamiento transicional.
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