La Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes oficializó la designación de los coordinadores y ponentes encargados de estructurar el primer debate del proyecto de ley que busca hacer modificaciones al Presupuesto General de la Nación de 2026.
El articulado (401 de 2026 Cámara y 280 en Senado) plantea un ajuste de casi $4 billones entre adiciones y traslados para atender este año las necesidades financieras derivadas del terremoto del 10 de agosto y otros frentes críticos.
Según consta en la comunicación oficial expedida el 16 de octubre de 2026 y firmada por el secretario general de esta célula legislativa, la responsabilidad del primer debate recaerá sobre los representantes Jezmi Lizeth Barraza Arraut (Partido Liberal), Andrés Guillermo Montes Celedón (Partido Conservador) y Welfran Junior Mendoza Torres (Cambio Radical) como coordinadores.
Por su parte, el equipo multipartidista de ponentes estará conformado por los representantes Hilda Gutiérrez (Centro Democrático), Andrea Camila Vargas de la Hoz (Pacto Histórico), Franyela Bermúdez Serna (Partido de La U) y María Janeth Sabogal Robles (Asoambeima).
Estos legisladores designados cuentan con un plazo de hasta quince días calendario para radicar el informe de ponencia en la secretaría de la comisión.
La designación de ponentes responde a la solicitud formal tramitada por el Gobierno Nacional, el cual radicó la propuesta legislativa con un mensaje de urgencia e insistencia firmado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.
Un ajuste cercano a los $4 billones
El proyecto de ley contempla una adición de $2,7 billones para el Fondo Milagro, los cuales serían destinados a financiar la atención humanitaria, rehabilitación y reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto. Estos recursos provendrían del recaudo estimado por el paquete de alivios tributarios extraordinarios (Decreto Legislativo 1419 de 2026).
A esto se sumaría un traslado presupuestal de $1,2 billones para el sector energético. Específicamente, se haría una redistribución de partidas no comprometidas de las carteras de Hacienda y de Minas y Energía hacia el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
De acuerdo con el Gobierno, este movimiento busca inyectar liquidez al Mercado de Energía Mayorista, respaldar a las empresas generadoras y evitar un riesgo sistémico o racionamiento eléctrico ante la presión del fenómeno de El Niño.
Esta ley complementaría las acciones presupuestales previas adoptadas por el Ejecutivo, como la adición de $624.656 millones al Presupuesto de 2026 de forma directa vía decreto (1412 de septiembre de 2026).
Dicha inyección de capital, expedida al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, se financió con el desembolso de un crédito de emergencia suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y se dirigió en su totalidad al Fondo Milagro para atender de manera inmediata las emergencias en infraestructura y asistencia humanitaria tras el evento sísmico.
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