El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, solicitó al Congreso de la República dar trámite de urgencia e insistencia al proyecto de Ley de Rescate Económico, con el propósito de acelerar su discusión y darle prioridad en el orden del día del Legislativo.
La solicitud fue presentada mediante una carta dirigida a los presidentes del Senado, la Cámara de Representantes y las comisiones económicas.
En ella, el mandatario señaló que la iniciativa busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto y generar crecimiento económico bajo criterios de equidad, eficiencia y progresividad.
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En la exposición de motivos, el Gobierno sostuvo que la situación fiscal del país es crítica debido al desbalance estructural entre ingresos y gastos, así como al nivel de la deuda pública.
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La carta señala que, aunque los ingresos del Gobierno se han mantenido relativamente estables desde 2019, el gasto ha aumentado, lo que ha llevado la deuda pública y el déficit fiscal a niveles históricamente altos.
El documento advierte que Colombia destina actualmente uno de cada tres pesos recaudados con impuestos al pago de la deuda.
Además, plantea que, si no se adoptan medidas económicas, para 2031 esa proporción podría llegar a uno de cada dos pesos y, en 2037, casi la totalidad de los ingresos tributarios tendría que destinarse al cumplimiento de las obligaciones financieras.
Los objetivos de la Ley de Rescate
De acuerdo con la carta, el proyecto busca ordenar las finanzas públicas mediante la reducción del tamaño del Estado y del gasto público, al considerar que el ajuste fiscal no debe depender de la creación de nuevos impuestos.
El Gobierno plantea que una parte central de la estrategia consiste en reducir y racionalizar el gasto, especialmente el operativo, y fortalecer las fuentes de financiación del sistema de salud para disminuir su dependencia de los aportes del presupuesto nacional.
La iniciativa también contempla medidas para incrementar los ingresos de la Nación y mejorar el recaudo tributario, así como mecanismos para combatir el contrabando y la evasión.
Entre sus propuestas, el Gobierno menciona la creación de EfectIVA, un mecanismo que busca que la carga final del IVA recaiga principalmente sobre las personas con capacidad de pago, además de la reducción de beneficios tributarios que, según la exposición de motivos, favorecen de manera desproporcionada a los hogares de mayores ingresos.
En materia de crecimiento económico, el proyecto propone medidas para incentivar la inversión privada y el empleo, entre ellas la reducción de la tarifa general del impuesto de renta corporativo, la flexibilización de las normas presupuestales y de endeudamiento de las entidades territoriales y la promoción de la inversión extranjera directa mediante condiciones preferenciales y estabilidad jurídica.
El Gobierno también destacó el componente social de la iniciativa. Según la carta, el proyecto permitiría incrementar el ingreso disponible de más de 35,2 millones de colombianos y eliminar el pago del IVA para 18,9 millones de personas en condición de pobreza o vulnerabilidad. La propuesta de EfectIVA, junto con un entorno macroeconómico favorable, permitiría sacar a 929.000 personas de la pobreza monetaria moderada.
La exposición de motivos sostiene que cerca del 70 % del ajuste fiscal provendría de medidas para reducir, racionalizar y mejorar la eficiencia del gasto público. El componente restante correspondería al fortalecimiento de los ingresos y al mayor crecimiento económico y la inversión privada que se esperan de la aplicación conjunta de las medidas.
El Gobierno pide acelerar el trámite
En la solicitud al Congreso, De la Espriella argumentó que la oportunidad de las medidas es determinante para evitar que se profundice el deterioro de las finanzas públicas y aumente la presión presupuestal por el servicio de la deuda. También señaló que la prolongación del trámite legislativo ordinario reduciría la capacidad preventiva de la ley y podría comprometer la sostenibilidad del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El mensaje de urgencia e insistencia se sustenta en el artículo 163 de la Constitución Política y en los artículos 183 y 191 de la Ley 5 de 1992. La carta recuerda que el trámite de urgencia establece un plazo constitucional de 30 días para que la respectiva Cámara decida sobre el proyecto y permite la deliberación conjunta de las comisiones correspondientes de Senado y Cámara.
Además, la insistencia en la urgencia otorga prelación a la iniciativa en el orden del día, de modo que se excluye la consideración de otros asuntos hasta que la respectiva Cámara o comisión decida sobre el proyecto.
