La reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella plantea devolver a las empresas una carga económica que actualmente tienen exonerada: el pago de los aportes patronales a salud.
Hoy en Colombia los empleadores están exentos de esta obligación por los trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos, un beneficio que el proyecto busca limitar a quienes ganan hasta dos salarios mínimos.
Con este cambio, las empresas tendrían que asumir nuevamente parte de los aportes por una mayor proporción de sus trabajadores, lo que podría incrementar sus costos de contratación.
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El cambio está contemplado en el artículo 20 del proyecto de Ley de Rescate Económico, que plantea reducir ese umbral.
Por ejemplo, una empresa que tenga contratado a un trabajador con un salario mensual de $4 millones actualmente está exonerada de pagar los aportes patronales a salud, SENA e ICBF. Sin embargo, con la reforma tributaria tendría que asumir nuevamente el 6 % de ese salario: 4 % para salud ($160.000), 1 % para el SENA ($40.000) y 1 % para el ICBF ($40.000). Esto representaría un costo adicional de $240.000 mensuales para el empleador, es decir, $2,88 millones al año por ese trabajador.
A su vez, el trabajador también tendría un cambio en su aporte a salud. Actualmente, de su salario se descuenta el 4 %, equivalente a $160.000, pero con la propuesta pasaría a aportar el 5,5 %, es decir, $220.000 mensuales. En consecuencia, recibiría $60.000 menos al mes, mientras que la empresa tendría que asumir una mayor carga por su contratación.
Valora Analitik consultó a representantes del sector empresarial para conocer qué implicaciones tendría modificar estas reglas y cómo impactaría especialmente a las mipymes.
Para Rosmery Quintero Castro, directora de Acopi Atlántico y presidenta del Observatorio Nacional de la MiPyme, este cambio representaría una presión adicional sobre las finanzas empresariales.
«El principal efecto de esta propuesta es el aumento de los costos laborales para las empresas que actualmente se benefician de la exoneración contemplada en el Estatuto Tributario. El proyecto plantea limitar este beneficio a los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos».
La dirigente gremial advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen menor capacidad financiera para absorber incrementos permanentes en sus obligaciones laborales.
«Esto representa una presión adicional sobre la estructura de costos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menor capacidad financiera para absorber incrementos permanentes en sus obligaciones laborales».
Quintero señaló que el aumento de estas obligaciones podría reducir el margen financiero disponible para generar nuevos puestos de trabajo y mantener los empleos existentes, especialmente en las compañías intensivas en mano de obra.
A este escenario se suman otros factores que han elevado los costos de operación, como el incremento del salario mínimo, la reducción gradual de la jornada laboral y los cambios en los horarios que dan lugar al reconocimiento de recargos nocturnos.
Según la directora de Acopi Atlántico, estas medidas obligan a las empresas a reorganizar sus turnos y estructuras de trabajo, en un contexto en el que muchas MiPymes ya enfrentan dificultades para sostener sus niveles de rentabilidad.
La dirigente también cuestionó que una eventual reducción de la tarifa del impuesto de renta no necesariamente compensaría los nuevos costos para todas las compañías, especialmente aquellas que registran pérdidas o tienen márgenes reducidos.
Por esta razón, Acopi ha insistido en la necesidad de establecer una tarifa diferencial de impuesto de renta del 30 % para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el propósito de reconocer sus condiciones particulares y fortalecer su competitividad.
Rentabilidad y capacidad de contratación, entre las preocupaciones
Las cifras del Observatorio Nacional de la MiPyme reflejan las dificultades financieras que enfrenta este segmento empresarial. Durante el segundo trimestre de 2026, el 68,2 % de las empresas consultadas reportó una disminución de su rentabilidad.
Adicionalmente, en una consulta coyuntural sobre la capacidad de asumir mayores costos laborales, el 62,1 % manifestó que tendría serias dificultades o no podría hacerlo sin afectar su operación. Otro 36,1 % consideró que un incremento de esta naturaleza podría generarles pérdidas.
Para Acopi, el principal riesgo es que el encarecimiento de la vinculación laboral, sin un fortalecimiento de la capacidad productiva y financiera de las empresas, genere mayores incentivos para reducir la contratación formal y buscar alternativas que disminuyan las obligaciones laborales.
Por otro lado, Daniel Ortegón, asociado de Posse Herrera Ruiz, sostiene que “el restablecimiento de los aportes a salud representaría una nueva obligación fiscal para las empresas que podría incidir en sus decisiones de contratación y elevar sus costos laborales”.
Agrega que “la reducción de la tarifa del impuesto de renta podría compensar el efecto de la eliminación de la exoneración de aportes a salud, pues se trataría de una sustitución de una fuente de financiación por otra”.
No obstante, advierte que “el sistema tributario colombiano aún tiene unas cargas tributarias excesivas que podrían disminuirse para alivianar el impacto” de la medida. Además, señala que sus efectos sobre la formalidad laboral y el cumplimiento de las cotizaciones deberán analizarse “caso a caso”, dependiendo de si las empresas son intensivas en mano de obra.
