El proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella el 29 de octubre de 2026 ante el Congreso de la República, plantea una reorganización de las finanzas públicas, con medidas para reducir el gasto estatal, modificar el esquema tributario y estimular la inversión privada.
La iniciativa abre varios interrogantes sobre sus efectos en el crecimiento económico, el empleo formal y la confianza de los inversionistas. Sajamaya Vallejo, analista de Eqqual, agencia colombiana de planeación financiera, explicó cómo los cambios tributarios, el aumento de cotizaciones a salud y las facultades extraordinarias podrían impactar la economía colombiana.
“No tiene el mismo efecto eliminar gastos innecesarios que reducir inversión en infraestructura, educación o proyectos que generan empleo. Tampoco es igual combatir la evasión que aumentarles la carga a los mismos contribuyentes que ya cumplen», explicó.
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La analista también puso sobre la mesa el riesgo de que una reducción de la inversión pública coincida con mayores cargas para los hogares y las empresas.
«Si el Gobierno reduce la inversión y, al mismo tiempo, les quita capacidad de gasto a hogares y empresas, puede enfriar la economía. Eso también afecta el recaudo. Para mí, una estrategia sostenible debe mejorar la eficiencia del Estado, ampliar la base de contribuyentes y cuidar la actividad productiva», agregó.
Como ejemplo, Vallejo explicó que, si una base gravable pasa de 100 a 90 y la tarifa aumenta del 20 % al 22 %, el recaudo bajaría de 20 a 19,8. Con este ejercicio simplificado, señaló que incrementar las tarifas no garantiza mayores ingresos fiscales si se reduce la actividad económica sobre la cual se cobran los impuestos.
Sectores que podrían verse afectados por la Ley de Rescate Económico
Sobre los sectores que podrían experimentar mayores presiones, la analista indicó que dependerá de los impuestos que finalmente se modifiquen durante el trámite legislativo.
Si aumentan los gravámenes al consumo, el comercio, los restaurantes y el turismo podrían sentir los efectos, al tratarse de actividades que dependen directamente del gasto de los hogares.
También advirtió sobre las pequeñas empresas con márgenes de rentabilidad estrechos, que tienen menos capacidad para absorber costos adicionales sin trasladarlos a los precios, reducir sus inversiones o modificar sus operaciones.
En contraste, las oportunidades podrían aparecer en actividades que reciban incentivos concretos y estables para invertir, formalizarse o mejorar su productividad.
«Un beneficio tributario solo se convierte en una oportunidad cuando la empresa puede cumplir sus condiciones. No señalaría todavía sectores ganadores sin revisar el articulado», puntualizó.
¿Cómo afectaría el aumento de las cotizaciones a salud?
Otro de los puntos analizados fue el posible incremento de las cotizaciones a salud y sus efectos sobre trabajadores, independientes y empleadores.
Vallejo explicó que la medida podría aportar recursos al sistema, pero advirtió que es necesario determinar quién asumiría el costo adicional y qué mejoras recibiría a cambio.
«Si lo paga el trabajador, disminuye su ingreso disponible. Si lo asume la empresa, aumenta el costo del empleo formal. Para un independiente, dependiendo de la medida, podría representar una mayor salida mensual de dinero», señaló.
Según la analista, este escenario podría afectar el consumo de los hogares y dificultar nuevas contrataciones, especialmente en las empresas pequeñas. Aunque aclaró que no significa que automáticamente se pierdan empleos, sí representa una presión adicional sobre la formalidad laboral.
Para dimensionar el impacto, planteó un ejemplo: un incremento de un punto porcentual sobre un ingreso base de cotización de $2 millones equivale a $20.000 adicionales al mes.
En el caso de una empresa con 100 trabajadores que tengan esa misma base de cotización, el costo adicional sería de $2 millones mensuales y $24 millones al año, si la compañía asumiera la totalidad de ese punto porcentual.
La experta agregó que, además de conseguir nuevos recursos para el sistema de salud, es necesario mejorar su administración y garantizar que los aportes se traduzcan en atención oportuna.
Riesgos jurídicos de las facultades extraordinarias al presidente
Vallejo también se refirió a las facultades extraordinarias que contempla la iniciativa para que el presidente pueda reorganizar entidades del Estado.
Al respecto, explicó que el Gobierno puede necesitar herramientas para hacer más eficiente la administración pública, pero consideró fundamental establecer con precisión el alcance, la duración y los límites de esas autorizaciones.
«El riesgo aparece cuando la autorización es demasiado amplia y permite decisiones que deberían discutirse en el Congreso. Reestructurar una entidad puede afectar funciones públicas, empleos y la prestación de servicios; por eso necesita un alcance preciso», afirmó.
La analista recordó que el artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política permite al Congreso otorgar facultades extraordinarias al presidente por un periodo máximo de seis meses, siempre que sean precisas y respeten las restricciones constitucionales, entre ellas la prohibición de utilizarlas para decretar impuestos.
En ese sentido, advirtió que la seguridad jurídica también tiene efectos económicos, pues si las decisiones adoptadas terminan cuestionadas o anuladas, podrían generarse costos adicionales y dificultades para implementar la reforma.
¿La Ley de Rescate Económico podría frenar la inversión?
Finalmente, Vallejo señaló que los cambios tributarios y las modificaciones en las reglas económicas podrían incrementar la incertidumbre entre los inversionistas nacionales y extranjeros, especialmente si afectan la rentabilidad esperada de los proyectos.
«Cuando una empresa no puede calcular sus costos futuros con suficiente claridad, puede aplazar una inversión», explicó.
Sin embargo, reconoció que una reforma creíble, bien sustentada y acompañada de un ajuste responsable del gasto público también podría mejorar la confianza en las finanzas del país.
Por último, indicó que los inversionistas no solo evalúan cuánto deben pagar en impuestos, sino también la estabilidad de las reglas, la seguridad jurídica y la capacidad del país para cumplir sus compromisos.
«Mi preocupación sería una reforma que prometa recaudar mucho, frene la actividad y deje sin resolver el problema fiscal», concluyó.
