El Gobierno Nacional impulsará la creación del Bloque Élite de Búsqueda Anticorrupción, una instancia que articulará las capacidades de 14 entidades del Estado para combatir las redes de corrupción y recuperar los recursos públicos desviados.
La estrategia está contemplada en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, denominado Colombia, la Patria Milagro, que plantea pasar de investigar conductas individuales a identificar y desmantelar estructuras organizadas que involucran funcionarios públicos, contratistas, intermediarios financieros y beneficiarios económicos.
El nuevo bloque estará bajo la dirección estratégica del presidente de la República, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la Secretaría de Transparencia. No implicará la creación de una nueva entidad, sino la coordinación de capacidades operativas, técnicas, de inteligencia y de policía judicial.
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Entre las instituciones que participarán están la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, Colombia Compra Eficiente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Superintendencia de Sociedades, entre otras.
El esquema también contempla coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría, sin afectar sus autonomías constitucionales e investigativas.
Así operará el Bloque Élite contra la Corrupción
Uno de los principales componentes será el seguimiento a los recursos públicos para identificar a los beneficiarios reales de los esquemas de corrupción y las redes de testaferros.
Para ello, el plan contempla fortalecer el Sistema de Información Nacional de la Lucha contra la Corrupción, que integrará registros mercantiles, movimientos bancarios, escrituras públicas y plataformas transaccionales del Estado. El objetivo será detectar anomalías patrimoniales, enriquecimientos sin causa y empresas utilizadas como fachadas.
La estrategia también plantea reformas al régimen de extinción de dominio para agilizar los procedimientos sobre bienes adquiridos mediante actos de corrupción y economías ilícitas.
Otro de los cambios propuestos es establecer responsabilidad penal directa para las personas jurídicas que financien, promuevan, toleren o se beneficien de conductas corruptas. Además, las empresas que contraten con el Estado o participen en sectores estratégicos deberán implementar programas de transparencia, ética empresarial y gestión de riesgos.
Cambios en la contratación pública
En materia de contratación pública, el Gobierno Nacional proyecta desarrollar un SECOP de Nueva Generación, con interoperabilidad entre los sistemas presupuestales y de inversión.
La plataforma conectaría cada contrato con su Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registro Presupuestal (RP), código BPIN y orden de pago. También incorporaría inteligencia artificial para detectar posibles casos de colusión, adiciones sospechosas, anticipos abusivos y prórrogas irregulares.
A esto se sumaría el fortalecimiento de la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), que funcionaría como un Bloque Electoral Anticorrupción. Para ello, se promovería una iniciativa legislativa que permita hacer obligatorio el reporte y seguimiento de irregularidades electorales y mejorar la interoperabilidad con las autoridades competentes.
Finalmente, el plan contempla involucrar a estudiantes de los grados décimo y undécimo en la vigilancia de los recursos públicos mediante el programa Defensores de lo Público. Los jóvenes recibirían formación en ética pública, veeduría ciudadana y herramientas digitales para monitorear obras e inversiones en sus comunidades.
También se pondría en marcha una Escuela Itinerante de Control Social, liderada por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), para capacitar a organizaciones comunitarias y veedurías ciudadanas, especialmente en zonas rurales y municipios con mayores riesgos de corrupción.
