La publicación de encuestas de opinión en Colombia enfrenta dificultades por cuenta de la incertidumbre regulatoria y los requerimientos de las autoridades electorales.
Así lo advirtieron Cifras y Conceptos e Invamer, que señalaron que las nuevas condiciones han elevado los costos operativos y generado desgaste administrativo para las firmas encuestadoras.
El caso más reciente es el de Cifras y Conceptos. Su gerente, César Caballero, presentó los principales hallazgos de la Polimétrica Ola 59, un estudio que mide la percepción de los colombianos sobre el país y el desempeño del Gobierno Nacional. Sin embargo, la firma decidió abstenerse de publicar los resultados completos y entregar únicamente un documento con la interpretación de los datos y una síntesis de los principales hallazgos.
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Caballero explicó que la decisión responde a la incertidumbre que existe alrededor del marco regulatorio, en el que confluyen la denominada Ley Mordaza, resoluciones, conceptos de expertos y decisiones de magistrados.
Además, indicó que la firma ha destinado más recursos a abogados y a responder solicitudes de las autoridades que a la propia realización de la encuesta.
Invamer también confirmó que las nuevas reglas de juego han tenido consecuencias para el sector y, especialmente, para los ciudadanos, quienes han visto reducida la disponibilidad de encuestas.
En respuesta a la consulta de este medio, la firma aseguró que el principal impacto está relacionado con los costos que implica cumplir las exigencias regulatorias, situación que ha llevado a que se publiquen menos encuestas.
La encuestadora también cuestionó el funcionamiento de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral del CNE. A su juicio, algunas de las solicitudes evidencian falta de claridad, requerimientos repetidos, “es un desgaste muy grande no solo para nosotros, sino para todos los que hacen encuestas”, apuntó Martín Orozco, gerente de Invamer.
«Estamos a la espera de que la Corte se pronuncie definitivamente o de que en el Congreso hagan una modificación a esa ley. Porque si seguimos así es un enredo», agregó.
¿Qué ha dicho la Corte Constitucional sobre la Ley Mordaza?
La denominada Ley Mordaza corresponde a la Ley 2494 del 23 de julio de 2025, mediante la cual se establecieron nuevas condiciones para la elaboración, publicación y divulgación de encuestas de opinión política y electoral.
La norma amplió las obligaciones de las firmas encuestadoras frente a la metodología, las muestras, la publicación de resultados y la entrega de información al CNE. También creó una Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral, encargada de estudiar y auditar el cumplimiento de estos requisitos.
La Corte Constitucional ya se pronunció sobre algunos apartes de esta legislación. En la Sentencia C-168 de 2026, del 3 de junio, declaró inexequible la disposición que impedía realizar encuestas de intención de voto antes de los tres meses previos al inicio de la inscripción de candidatos.
El alto tribunal consideró que esa restricción era desproporcionada, pues eliminaba una fuente relevante de información pública durante buena parte del periodo preelectoral y afectaba la libertad de información.
En la misma decisión, la Corte tumbó la obligación de entregar al CNE el código computacional que permitiera replicar la selección de las muestras en encuestas realizadas en hogares, así como los números telefónicos de los participantes. Según explicó, estos requisitos comprometían la intimidad y el hábeas data de los ciudadanos, pues podían permitir su identificación y asociar sus datos con opiniones políticas o preferencias electorales.
Por lo tanto, la Ley 2494 no fue retirada en su totalidad del ordenamiento jurídico. Los apartes declarados inexequibles dejaron de tener efectos, pero las demás disposiciones continúan vigentes.
