La Corte Constitucional declaró inexequibles dos disposiciones de la Ley Mordaza (2494 de 2025), que establecía nuevas reglas para la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en Colombia.
La decisión abre la puerta a que las firmas encuestadoras realicen estudios sobre intención de voto sin la restricción temporal que había impuesto el Congreso y protege el anonimato de los ciudadanos que participan en estos ejercicios.
La determinación quedó consignada en la Sentencia C-168 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, del 3 de junio de 2026.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Uno de los apartes eliminados corresponde al artículo 5 de la Ley 2494 de 2025, que establecía que las encuestas con preguntas relacionadas con intención de voto únicamente podían realizarse a partir de los tres meses anteriores al primer día de inscripción de candidatos.
Para la Sala Plena, esta limitación vulneraba el derecho fundamental a la información, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política, porque impedía producir información política durante una parte considerable del periodo preelectoral.
La Corte reconoció que la regulación buscaba proteger la libertad del elector y garantizar condiciones de equidad en el debate democrático. Sin embargo, concluyó que prohibir la realización de encuestas durante un periodo prolongado no era una medida idónea ni necesaria para alcanzar esos objetivos.
En su análisis, señaló que existían alternativas menos restrictivas para mejorar la calidad de la información electoral, como elevar los requisitos metodológicos y establecer condiciones para la elaboración de los estudios, sin eliminar esta fuente de información del debate público.
En ese sentido, la decisión implica que las firmas encuestadoras ya no tendrán que esperar a los tres meses previos a la inscripción de candidatos para preguntar a los ciudadanos por sus preferencias electorales, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones legales aplicables.
Cambios en las auditorías del CNE
El segundo punto de la sentencia tiene que ver con las facultades de auditoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las firmas encuestadoras.
La Corte también declaró inexequibles dos apartes del artículo 12 de la Ley 2494 de 2025, que obligaban a entregar información adicional para verificar la trazabilidad de los estudios.
En concreto, eliminó la exigencia de suministrar el código computacional que permitiera replicar la selección de las unidades muestrales en las encuestas realizadas en hogares y la obligación de entregar los números telefónicos utilizados en las encuestas telefónicas.
La Sala consideró que estos elementos podían permitir la identificación de los participantes y asociar sus datos personales con sus opiniones políticas y preferencias electorales, información que tiene carácter sensible.

Aunque reconoció que las auditorías del CNE persiguen una finalidad constitucionalmente importante, concluyó que exigir estos datos no era necesario para verificar la calidad metodológica de las encuestas.
La corporación señaló que existen mecanismos alternativos, como el uso de información anonimizada y los demás instrumentos de verificación contemplados en la ley, que permiten realizar los controles sin comprometer la identidad de los ciudadanos ni su anonimato político.
La decisión no elimina las facultades de vigilancia y auditoría del CNE ni las demás obligaciones de las encuestadoras contempladas en la Ley 2494 de 2025. Lo que retira son los requisitos específicos cuestionados en la demanda.
La sentencia tuvo un salvamento parcial de voto del magistrado Vladimir Fernández Andrade, quien consideró que las disposiciones relacionadas con la entrega de información al CNE debieron mantenerse. A su juicio, estos instrumentos eran necesarios para comprobar que las firmas encuestadoras hubieran aplicado efectivamente los procedimientos metodológicos anunciados.



