La infraestructura colombiana llega a 2027 ante una paradoja: el país tiene proyectos contratados, necesidades de conectividad identificadas y obras estratégicas en marcha, pero todavía enfrenta dificultades para convertir esa planeación en resultados concretos. Los retrasos en la ejecución, los trámites ambientales y prediales, las restricciones fiscales, los problemas de financiación y la incertidumbre jurídica siguen condicionando el desarrollo de uno de los sectores llamados a impulsar el crecimiento económico, la competitividad y el empleo.
En este contexto, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) realizará del 25 al 27 de noviembre, en Cartagena, su XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, un encuentro que reunirá al Gobierno Nacional, empresarios, autoridades regionales, inversionistas y organismos multilaterales para discutir qué necesita Colombia para acelerar sus proyectos y garantizar una política de infraestructura de largo plazo. Bajo el lema Colombia conectada, competitiva y confiable: del plan a la obra, la agenda estará marcada por tres grandes desafíos: terminar las obras que ya comenzaron, encontrar nuevas fuentes de financiación sin aumentar la presión sobre el presupuesto público y establecer reglas claras para recuperar la confianza inversionista.
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La discusión será especialmente relevante de cara al ciclo económico, político y de inversión que comenzará en 2027. Con proyectos 4G que registran un avance del 93 %, iniciativas que necesitan ser reactivadas y nuevas oportunidades en sectores como energía, agua, vivienda e infraestructura digital, el país enfrenta la necesidad de ampliar su visión más allá de las carreteras y los grandes corredores de transporte.
En entrevista exclusiva con Valora Analitik, Tatyana Orozco, presidenta ejecutiva de la CCI, analiza los principales desafíos del sector, las obras que Colombia necesita destrabar, las alternativas para atraer capital privado y las condiciones que deben garantizarse para recuperar la confianza de los inversionistas. También plantea las prioridades que debería asumir el próximo ciclo de Gobierno para asegurar que la infraestructura se convierta en una verdadera política de Estado.

Foto: Tatyana Orozco, presidenta CCI
Más que un escenario para presentar anuncios, el Congreso buscará poner sobre la mesa decisiones, responsabilidades y compromisos que permitan cerrar las brechas entre lo planeado y lo ejecutado. El reto será determinar cómo convertir la infraestructura en un motor de desarrollo capaz de trascender los gobiernos, movilizar capital público y privado y conectar las necesidades de las regiones con las oportunidades de crecimiento del país.
¿Cómo describiría el momento que atraviesa hoy la infraestructura en Colombia? ¿Cuáles son los principales avances, pero también los rezagos y obstáculos que están condicionando el desarrollo de nuevos proyectos?
Colombia vive una paradoja: sabe qué obras necesita y muchísimas están incluso contratadas. Lo que pasa es que también hay muchas que están paradas por diversos trámites en entidades del Gobierno que se dejaron pasar. Adicionalmente, hay numerosas obras cuyas fuentes de financiación, como los peajes, fueron canceladas y hoy esa infraestructura vial necesita un mejor mantenimiento del que ha recibido en los últimos años.
Sin embargo, también hay buenas noticias. Por ejemplo, ver cómo el túnel del Toyo ya nuevamente está en construcción y cómo los viaductos de Ciénaga también están andando. Son señales positivas para el sector y demuestran la disposición del Gobierno de acelerar esas obras que Colombia tiene en todo el territorio nacional y que son fundamentales para la competitividad del país. Precisamente, ese será uno de los temas que abordaremos en el Congreso Nacional de Infraestructura: cómo destrabar las obras que Colombia ya empezó.
El lema del Congreso es Colombia conectada, competitiva y confiable: del plan a la obra ¿Qué necesita el país para pasar de los anuncios y la planeación a la ejecución efectiva de los proyectos? ¿Dónde están hoy los principales cuellos de botella?
Hay muchísimas obras contratadas y los proyectos se están frenando en cuatro puntos. El primero es la estructuración. Hay muchos proyectos cuya estructuración no se ha terminado y parte de lo que tenemos que hacer, no solamente con el Gobierno Nacional sino también con los gobiernos territoriales, es ayudarlos a completar ese proceso para iniciativas que son claves para el país.
Lo segundo es buscar la financiación. Sobre eso vamos a dedicar una jornada completa del Congreso: cómo encontramos mecanismos alternativos de financiación ante una restricción fiscal que todos conocemos.
El tercer punto es cómo aceleramos los permisos: hay asuntos relacionados con trámites ambientales, adquisición de predios y coordinación interinstitucional. Todos son temas que tenemos que trabajar para acelerar las obras de infraestructura en Colombia. Muchos de estos procesos pasan por tomar decisiones, y creo que ese es precisamente uno de los aspectos en los que estamos acompañando al Gobierno en estos momentos.
¿Cuáles son los proyectos de infraestructura que están más próximos a entrar en ejecución en Colombia y dónde están hoy las oportunidades más concretas para reactivar la inversión, acelerar obras y recuperar el dinamismo del sector?
Tenemos un grupo de obras que necesitamos destrabar y poner en marcha. Estamos hablando de Ruta del Sol 3, Pacífico 1 y la variante San Francisco-Mocoa. Son proyectos que están parados en estos momentos y que necesitamos reactivar.
También hay otras obras que necesitamos iniciar, muchas de ellas en materia aeroportuaria. Existe un mecanismo que se creó, las iniciativas privadas, que permite desarrollar proyectos sin que el Estado tenga que poner recursos. En escenarios como el actual, de restricción fiscal, creemos que es muy importante sacar adelante estas iniciativas.
Por ejemplo, tenemos la conexión Centro, que conecta las tres ciudades del Eje Cafetero, y proyectos aeroportuarios como los aeropuertos de Cali y Barranquilla, el nuevo aeropuerto de Cartagena y el aeropuerto de Bogotá. Son obras muy importantes para la conectividad del país que podrían desarrollarse rápidamente y sin inversión del Estado.
El programa 4G registra un avance del 93 %, mientras que las nuevas generaciones de concesiones enfrentan sus propios desafíos ¿Qué obras podría entregar Colombia en 2027 y qué hace falta para acelerar los proyectos que todavía están detenidos o presentan retrasos?
Lo primero es entender que tenemos que concentrarnos en terminar las obras que ya empezaron y Colombia tiene proyectos contratados que necesitan superar diferentes obstáculos para avanzar.
También necesitamos acelerar los procesos de estructuración, financiación, permisos ambientales y adquisición de predios. Si logramos avanzar en esos aspectos y existe una coordinación efectiva entre el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, podremos recuperar el ritmo de ejecución.
No se trata solamente de anunciar nuevos proyectos, sino de garantizar que las obras que ya están en marcha puedan llegar a buen término y que las nuevas iniciativas tengan condiciones para ejecutarse.
En un escenario de restricciones fiscales, ¿qué alternativas tiene Colombia para atraer más capital privado, fortalecer la participación de la banca multilateral y garantizar la financiación de los proyectos estratégicos?
Para hacer más obras de infraestructura no solamente se trata de conseguir más recursos, aunque sin duda los necesitamos. Hay varios mecanismos que podemos utilizar. Creo que lo más importante para el sector privado cuando toma la decisión de invertir es que existan reglas claras.
Todo lo que pasó anteriormente con la eliminación de peajes hizo que muchas obras revirtieran a la Nación. Parte de lo que tenemos que hacer es encontrar nuevos mecanismos para que los privados puedan recuperar esas vías y podamos garantizar el mantenimiento que necesitan, así como revisar cómo se reactivan los peajes. Al final, todos queremos vías por las que podamos transitar. De nada nos sirve tener una carretera sin peaje si se encuentra en mal estado.
Unas reglas de juego estables también nos permiten atraer fondos de inversión privada y fondos de capital que quieran invertir en infraestructura. Y no me refiero solamente al tema vial, sino también a puertos y aeropuertos.
Las iniciativas privadas representan otra fuente importante de valor, porque permiten desarrollar proyectos que no necesitan recursos del Estado. También están los organismos multilaterales. La CAF, el BID y el Banco Mundial han venido trabajando en la cofinanciación de obras de infraestructura en todo el territorio nacional.
En el Congreso tendremos mesas de trabajo sobre mecanismos tradicionales y alternativos de financiación. Allí vamos a hablar de reversión y reestructuración de concesiones para temas de mantenimiento, iniciativas privadas, organismos multilaterales y fondos de inversión. También existen instrumentos como obras por impuestos y obras por regalías, que nos permiten incorporar más recursos al sistema de infraestructura en las regiones.
Lo que necesitamos es reactivar la infraestructura como un mecanismo de crecimiento económico y para eso, sin duda, vamos a necesitar más recursos, pero también diferentes formas de conseguirlos.
¿Qué impacto podría tener una mayor ejecución de proyectos de infraestructura sobre el crecimiento económico, la generación de empleo y la competitividad del país? ¿Qué sectores productivos podrían beneficiarse más de una aceleración de las inversiones?
Cuando uno habla del impacto que tiene una obra de infraestructura, se refiere a muchos frentes, pero creo que hay tres muy importantes.
El primero es la generación de empleo durante la construcción. El segundo tiene que ver con la compra de insumos y materiales, y con cómo esa demanda dinamiza otros sectores de la economía. Estamos hablando de cemento, varillas y muchísimos materiales que se necesitan para desarrollar una obra.
El tercero es el impacto que tiene la infraestructura sobre las personas y las mercancías. Pensemos, por ejemplo, en cómo se pueden disminuir los costos del comercio exterior gracias a una mayor productividad en un puerto, o cómo se reducen los tiempos de desplazamiento de las personas y de la carga cuando contamos con mejores vías.
Todos estos son beneficios e impactos económicos que tiene la infraestructura en cualquier territorio.
¿Qué cambios regulatorios, contractuales e institucionales necesita el país para recuperar la confianza de los inversionistas y evitar que los problemas de pagos terminen afectando la ejecución de las obras?
Nadie va a arriesgar capital si las reglas no están claras: es como cuando uno tiene un trabajo: le dicen cuánto le van a pagar y cuándo lo van a hacer. Si le cambian las reglas del juego, por supuesto que uno no va a querer permanecer ahí. Eso es justamente lo que pasa también con las obras de infraestructura.
Como sector no estamos pidiendo favores, lo que pedimos es que se cumplan los compromisos pactados, y esos compromisos son supremamente importantes. Pero esto no solamente aplica después de la contratación, sino también antes de ella.
Por ejemplo, necesitamos que se cumplan los tiempos establecidos para revisar las iniciativas privadas, las licencias ambientales y las consultas previas. Cuando los tiempos están definidos, deben respetarse. A medida que pasan los años, todos los costos aumentan. Una vía que se presupuesta hoy no va a costar lo mismo dentro de tres años, y eso termina afectando las ecuaciones de financiación del Estado.
Por eso insisto en que necesitamos reglas claras para que la inversión llegue a Colombia en materia de infraestructura.
La agenda de la CCI también incorpora temas como agua, energía, infraestructura social y reconstrucción ¿Qué oportunidades de inversión identifica en estos sectores y cómo está evolucionando la visión de la infraestructura más allá de las carreteras y los grandes proyectos de transporte?
Tradicionalmente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura ha trabajado en los temas de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria. También hemos venido involucrándonos en nuevos subsectores del transporte, como la infraestructura férrea y los sistemas de transporte masivo.
Sin embargo, entendemos que la infraestructura es una sola y por eso estamos ampliando nuestro trabajo para mirar también lo que ocurre en materia energética y de infraestructura social. En esta última me refiero a colegios, cárceles y establecimientos de salud.
También vamos a trabajar en temas de agua y saneamiento básico, así como en centros de datos o data centers. Son nuevos sectores en los que se está involucrando la CCI.
Quiero aclarar que trabajaremos de la mano con otros gremios que ya se encargan de la operación de estos sectores. No pretendemos involucrarnos en la operación de las empresas de servicios públicos, una labor que corresponde a Andesco, ni en la operación de las empresas de energía, que corresponde a Acolgen. Lo que queremos es trabajar en la infraestructura necesaria para que esos servicios puedan llegar a los colombianos.
Seguiremos siendo el gremio de quienes diseñan, construyen, hacen la interventoría y financian la infraestructura en Colombia.
¿Cuáles son las tres decisiones que considera prioritarias para que Colombia tenga una política de infraestructura de largo plazo y qué compromisos debería asumir el Gobierno para garantizar su continuidad entre 2026 y 2030?
Hay tres mensajes muy importantes que vamos a abordar en el Congreso Nacional de Infraestructura.
El primero es cómo terminar las obras. Esto también pasa por los pagos, que es uno de los temas pendientes que tenemos en estos momentos en materia de infraestructura. No solamente hablamos de los pagos a los contratistas, sino también a los interventores, que son quienes nos acompañan durante todo el proceso de ejecución de las obras.
Lo segundo es garantizar reglas claras para que se pueda desarrollar la siguiente ola de proyectos de infraestructura. Es un tema sobre el cual hemos venido conversando mucho con el Gobierno Nacional. Necesitamos reglas claras y, posiblemente, incluso un proyecto de estabilidad jurídica de largo plazo.
Y lo tercero es hablar de las obras de futuro que necesita Colombia: ¿cómo actualizamos el Plan Maestro de Transporte Intermodal? ¿Cómo identificamos las siguientes obras de infraestructura que requiere el país y empezamos a estructurarlas adecuadamente para que puedan ser financiables y ejecutables hasta el final?
Más allá de las discusiones del Congreso, ¿cuáles son los compromisos concretos que deberían asumir el Gobierno y el sector para garantizar que las obras se terminen, que las nuevas inversiones tengan reglas claras y que Colombia pueda planear su infraestructura a largo plazo?
Primero, que se termine todo lo ejecutado. Esto pasa por acelerar los pagos, no solamente a los contratistas, sino también a los interventores, quienes acompañan todo el proceso de las obras desde el inicio hasta el final.
Lo segundo es que haya reglas claras para la ejecución de los proyectos, tanto para su revisión como para su desarrollo. Y, sobre todo, que cuando haya arbitrajes podamos llegar a acuerdos, pero también que se ejecuten las decisiones jurídicas que se produzcan en el camino.
Y lo tercero es pensar a largo plazo, ya que necesitamos actualizar desde ahora el Plan Maestro de Transporte Intermodal para identificar cuáles son las siguientes obras que requiere nuestro país para ser más competitivo.
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