La empresa canadiense Collective Mining Ltd., valorada en aproximadamente 1.100 millones de dólares canadienses (US$807 millones), negó ampliamente las acusaciones que se publicaron en días pasados en un reporte de un fondo en corto que afirmaba que sus operaciones en los proyectos Guayabales y San Antonio (en Colombia) eran irregulares.
Sin embargo, la compañía manifestó que todas sus operaciones se realizan “en pleno cumplimiento del marco legal colombiano”, y entregó detalles sobre sus actividades de exploración minera fuera de los límites permitidos por su título minero.
“Las celdas mencionadas pertenecen legalmente a títulos vigentes junto a los que están adyacentes, y eventualmente serán integradas formalmente por la autoridad correspondiente”, ha explicado la empresa.
Un informe no tan exacto sobre Collective Mining
Una fuente le expuso a Valora Analitik que Collective Mining, la empresa canadiense con operaciones en Colombia, enfrenta lo que se considera como una “campaña malintencionada” para desestabilizar su cotización bursátil.
Según la fuente, en los últimos días circularon versiones que cuestionan la legalidad de sus actividades de exploración y la tenencia de títulos mineros, lo que provocó una fuerte caída temporal de la acción.
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“En el momento en que esas informaciones comenzaron a difundirse, el precio de la acción se desplomó. Sin embargo, horas después, el valor se recuperó e incluso cerró por encima del nivel inicial”, señaló a Valora Analitik una fuente cercana a la minera.
De acuerdo con la persona, esta acción podría interpretarse como un intento especulativo para “generar pánico en el mercado y favorecer compras a bajo precio o posiciones en corto”.
Entre las alegaciones difundidas se encuentran:
- Ausencia de títulos mineros y actividades fuera de las áreas concesionadas.
- Operación en zonas excluibles de minería por razones ambientales.
- Suspensión de propuestas de exploración por parte de la autoridad minera.
- Cuestionamientos históricos a la trayectoria de Ari Sussman, presidente ejecutivo de la firma.
Según la fuente, la compañía al enterarse del informe ha desestimado cada uno de estos señalamientos.
Sobre la primera acusación, la fuente explicó que posee los títulos correspondientes y que la legislación colombiana permite realizar perforaciones fuera del polígono titulado para entender integralmente la geometría de un yacimiento, su geotecnia y su hidrogeología.
“Explorar es un proceso holístico; la ley contempla la necesidad de ubicar equipos dentro o fuera del título si el objetivo es conocer el depósito mineral”, sostuvo.
En cuanto a las supuestas zonas prohibidas, afirmó que la compañía no tiene operaciones en áreas de exclusión minera y que cumple con la normativa ambiental vigente.
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“En Marmato, donde trabajamos, no hay zonas de exclusión. Además, nuestras actividades cuentan con conceptos técnicos de la autoridad ambiental que confirman que no requieren permisos especiales”, explicó.
Respecto a las propuestas suspendidas, señaló que forman parte de solicitudes de nuevas áreas, sin relación con su descubrimiento estrella, el proyecto Apollo. La suspensión responde, según la fuente cercana a la compañía, a requerimientos administrativos habituales en los trámites de titulación y no a sanciones ambientales.
Por último, sobre los cuestionamientos a la trayectoria de Ari Sussman, la Fuente le dijo este medio de comunicación que se trata de referencias antiguas y sin relación con las operaciones actuales.
Entre tanto, la fuente le aseguró a Valora que el proyecto Apollo es “uno de los más exitosos que hay hoy en Colombia” y que cuenta con el respaldo de inversionistas institucionales que conocen el avance de la operación.
La minera sí se pronunció
Collective Mining Ltd. emitió un comunicado en el que desaprueba de manera rotunda las “acusaciones falsas y engañosas” derivadas de un informe corto publicado recientemente.
La empresa, establecida en 2020, asegura que sus actividades de exploración en los proyectos Guayabales y San Antonio, ubicados en el departamento de Caldas, se llevan a cabo en estricto cumplimiento del marco legal minero y ambiental colombiano.
En particular, todas las labores en el sistema Apollo —que incluyen perforaciones geológicas, geotécnicas, hidrogeológicas y metalúrgicas— se realizan de forma responsable y legal conforme a las normas vigentes, destacó la minera.
Ari Sussman, presidente ejecutivo, recordó que los denominados “huecos” o “celdas incompletas” entre títulos mineros son una característica común en Colombia, señalando que se presentó una situación similar en operaciones anteriores con Continental Gold y que se resolvió satisfactoriamente.
Por su parte, Omar Ossma, presidente de la compañía, reafirmó que, como abogado colombiano con más de 20 años en el sector, se enorgullece de que sus operaciones sean legales, transparentes y conformes con la normativa local. Añadió que las autoridades están trabajando actualmente en una solución sectorial para los desafíos derivados del sistema catastral.
La compañía también puntualizó que todos sus títulos mineros —directos u obtenidos a través de opciones— son válidos y están en buen estado. En 2022, los propietarios del título de Guayabales solicitaron la incorporación formal de las celdas incompletas colindantes, y las autoridades respondieron que se incorporarán una vez se actualice el software del catastro minero.
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Además, Collective ha adquirido o firmado opciones vinculantes sobre todos los derechos superficiales correspondientes al sistema Apollo.
Asimismo, la empresa aclaró que ubicar plataformas de perforación fuera de los límites de los títulos está permitido por la ley colombiana (Artículos 58 y 166 del Código Minero) cuando obedece a necesidades técnicas legítimas (Artículos 78–80 y normas ambientales correspondientes).
Por último, Collective Mining confirmó que el sistema Apollo no se superpone a áreas excluidas de minería y que se encuentra en una zona minera consolidada, con diez minas autorizadas y en operación en un radio aproximado de tres kilómetros.
También indicó que dos solicitudes exploratorias no vinculadas a los proyectos principales han sido temporalmente suspendidas como parte del procedimiento estándar, sin implicaciones ambientales ni regulatorias significativas.
Actualmente, la compañía mantiene un programa de perforación financiado de 70.000 metros en 2025, con 10 equipos activos y uno adicional previsto para comenzar en el proyecto San Antonio antes de finales de agosto.
