Acemi advierte desfinanciamiento de la salud en Colombia por recorte de presupuesto

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) presentó un documento en el que alertó sobre el desfinanciamiento del sector salud para el año 2023.

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Salud en Colombia. Imagen: Ministerio de Salud

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) presentó un documento en el que alertó sobre el desfinanciamiento del para el año 2023.

La comunicación se produce después de que la ministra de Salud, Carolina Corcho planteara en el Congreso de la República una reducción de la asignación de recursos adicionales para el próximo año de $8,1 billones a $3,8 billones.

Dejar sin financiación los rubros de aseguramiento dentro del Presupuesto General de la Nación supone un problema estructural que involucra a todos los actores del sistema: hospitales públicos y privados, laboratorios, farmacéuticos”, dijo el gremio.

El efecto en cadena, dice Acemi, afecta a los usuarios del sistema que hoy en día está prestando cerca de 2,2 millones de atenciones.

Adicional a lo anterior, se expone que durante el próximo año seguirá creciendo el uso de servicios de la salud por cuenta de tendencias como el envejecimiento de la población, la entrada de nuevas tecnologías y el poscovid, “que sumados a la inflación, devaluación e incremento del salario mínimo, generan aumentos en costos de atenciones de salud”.

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Los traslados de usuarios de las EPS que están en medidas de vigilancia por la Superintendencia de Salud y que el Gobierno ha anunciado liquidar, es otra de las preocupaciones de Acemi. “Estos usuarios que llegan a EPS con mejores estándares de atención aumentan el uso de servicios de manera significativa”.

La agremiación calcula que se requieren al menos $76 billones para financiar los servicios cubiertos en los regímenes subsidiado y contributivo, y $4,88 billones para financiar las tecnologías no cubiertas en el plan de beneficios. Además, mencionan que el sistema arrastra un déficit de recursos y con la propuesta de la ministra se agudizaría y se pondría en riesgo la garantía del derecho a la salud.

Reducir el flujo de recursos en el sistema agravaría los problemas de cartera y afectaría a los prestadores, al personal médico y al usuario, este último es la mayor preocupación que tenemos”, advirtió Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi.

Finalmente, se dijo que para 2023 el aumento de la Unidad de Pago por Capitalización, es decir, el valor que el Gobierno les gira a las EPS por afiliado, debería reconocer tanto el rezago de 2022 como la expectativa de inflación, la devaluación (que determina el costo de medicamentos e insumos) y la expectativa del salario mínimo.

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