La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Vía Sumapaz alcanzaron un acuerdo histórico que permitirá reanudar y finalizar las obras pendientes del proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot. Este corredor, de 144,81 kilómetros, registra un tránsito superior a los 18 millones de vehículos al año y constituye una conexión estratégica entre Bogotá y el suroccidente del país.
El convenio tiene como propósito garantizar la continuidad del contrato de concesión, mantener la operación y el mantenimiento de la vía y asegurar la entrega de la infraestructura bajo las condiciones previstas inicialmente, con tres carriles por sentido. Asimismo, se estima que el proyecto beneficiará a cerca de un millón de personas y generará más de 14.000 empleos durante su ejecución.
Uno de los principales inconvenientes para concluir las intervenciones era la adquisición de los terrenos requeridos para desarrollar cuatro unidades funcionales. Esta dificultad se remonta a 2014, durante la anterior concesión Bosa-Granada-Girardot, y ocasionó que algunas obras quedaran sin terminar, pese a que el proyecto registra actualmente un avance superior al 97 %.
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Con la firma del otrosí, Vía Sumapaz se encargará de adelantar la gestión predial y social de los inmuebles, por su cuenta y riesgo y en representación de la ANI, hasta completar su registro a nombre de la Nación. Por su parte, la entidad estatal asumirá la financiación de la compra de los terrenos y el pago de las compensaciones socioeconómicas a través del Fondo de Contingencias del riesgo predial de la antigua concesión. Este mecanismo permitirá cubrir los compromisos sin recurrir a recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación.
Otro de los puntos relevantes del acuerdo es el cierre de una controversia económica. La concesionaria desistió de manera expresa e irrevocable de reclamaciones superiores a $185.000 millones relacionadas con estos predios, en el marco del arbitraje internacional que adelanta ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD).
El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, señaló que el entendimiento evita una posible terminación anticipada del contrato y que el Estado deba asumir directamente la operación del corredor. También destacó que la decisión protege los recursos públicos y establece las condiciones para completar las intervenciones que permanecían pendientes desde hace varios años.
