Un informe preliminar de la Contraloría General de la República estimó que el daño fiscal ocasionado en la construcción de la hidroeléctrica de Ituango en Antioquia asciende a $4 billones.
En declaraciones a la W Radio, el vicecontralor general, Ricardo Rodríguez Yee, confirmó que el lucro cesante por el proyecto de Empresas Públicas de Medellín (EPM) es de $1,1 billones, mientras que la destrucción de valor se estimó en $2,9 billones.
El proyecto, según el informe de la Contraloría, tuvo problemas de eficiencia y se pasaron por alto advertencias hechas por la Junta Directiva del mismo desde 2013 cuando se dijo que había riesgo en el proceso de planeación y construcción.
De acuerdo con lo revelado por la W Radio y confirmado por el vicecontralor, el proyecto no tuvo la madurez suficiente en temas como la prefactibilidad e ingeniería, si eso hubiera sido así, dijo el funcionario, las posibilidades de éxito hubieran sido más altas.
HidroItuango carecía de realidad económica para conocer los costos finales que pudieran afectar la inversión, se detalló.
El privilegio del tiempo fue la prioridad de los constructores, se le dio prioridad al cumplimiento de los plazos mas no el de cumplir con los requisitos económicos y de seguridad técnica.
Finalmente, el funcionario dijo que “claramente tenemos seccionadas las responsabilidades, recordemos que hubo muchas juntas, muchos comités tanto de la sociedad y cómo migró societariamente la sociedad y claramente el constructor que era EPM, hemos revisado en detalles cada uno de los documentos declarados por ellos y serán estas instancias como personas jurídicas o personas naturales las que tengan que ver cuando se salieron de las fuentes de criterio que tenían que ser correctas en la gestión”.
Con esa frase, el vicecontralor dejó entrever que podría haber sanciones contra los constructores y contra los miembros de esos comités.
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