El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó que la Procuraduría adelanta una investigación a través de un equipo especial sobre el caso de la eventual venta del Permian, uno de los activos más rentables de Ecopetrol en Estados Unidos.
El anuncio se conoce luego de que la Contraloría General advirtiera posibles riesgos para la compañía estatal ante una desinversión en la cuenca Permian, en Texas, donde Ecopetrol participa con un 49 % de la sociedad junto a la petrolera Occidental Petroleum (OXY).
Según explicó Eljach, cuando la Contraloría emite una alerta, la Procuraduría entra a ver los posibles efectos disciplinarios. En este caso, el ente de control fiscal envió una carta al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, pidiendo información técnica, financiera y jurídica sobre las implicaciones de una eventual venta.
El requerimiento llegó pocas semanas después de que el presidente Gustavo Petro insistiera en su intención de vender la participación de Ecopetrol en el Permian para redirigir recursos hacia la transición energética y proyectos de energías limpias.
Petro ha sostenido que el negocio del Permian “no es la mina de oro que se presenta en Colombia” y que su continuidad podría poner en riesgo la estabilidad financiera de la estatal. Sin embargo, expertos del sector, exministros y exintegrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol discrepan de esa visión y advierten que una venta precipitada podría afectar el valor y la rentabilidad de la compañía.
Procuraduría investiga a funcionarios y prepara medidas para elecciones
Por otro lado, el procurador reiteró que la entidad viene impulsando la estrategia de paz electoral, orientada a garantizar la transparencia y la legitimidad de las elecciones que se realizarán en 2026.
Uno de los temas que más preocupa a la Procuraduría es la participación en política de servidores públicos, un asunto que —según Eljach— ha requerido advertencias reiteradas a gobernadores, alcaldes y directivos de entidades estatales.
“Todos tenemos el deber de participar en política: el voto es una obligación constitucional. Lo que no se puede hacer es abusar del cargo público para favorecer a un candidato o presionar a los subalternos. Esa es la indebida participación en política y está prohibida”, explicó en la FM.
El procurador recordó casos recientes, como la suspensión del alcalde de Montelíbano (Córdoba), quien desde una tarima anunció públicamente su apoyo a candidaturas al Congreso, y el proceso contra el alcalde de Barrancabermeja, cuya esposa fue candidata en los comicios más recientes.
“Alcalde que haga proselitismo, alcalde que el procurador va a suspender. Esa es la regla. No se puede usar el poder del Estado para hacer campaña”, enfatizó.
Y agregó: “Estas normas aplican a todos los servidores públicos —ministros, gobernadores, alcaldes, gerentes de entidades— excepto al presidente, quien tiene un fuero constitucional especial. Si se comprueba que un funcionario utilizó recursos públicos o su posición para favorecer una campaña, será sancionado. No me tiembla la voz para hacerlo”.
Eljach confirmó que actualmente hay varias investigaciones preliminares por presunta participación indebida en política, que podrían involucrar a funcionarios de alto nivel.
Frente a posibles intervenciones de grupos armados en el proceso electoral, el procurador aclaró que esa información corresponde inicialmente a la Fiscalía General de la Nación, y que hasta el momento no han recibido reportes oficiales sobre presiones o amenazas que puedan afectar el derecho al voto en los territorios.
Finalmente, el procurador insistió en su plan de ‘paz electoral’ que busca garantizar elecciones libres, transparentes, seguras, oportunas, conscientes y legítimas donde se respeten los resultados.
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