Con ocho votos a favor del archivo y cinco en contra, la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma a la salud del Gobierno.
Minutos antes de la votación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya había dado por muerta la iniciativa. Desde el Gobierno, sin embargo, se sostiene que la decisión de archivar el proyecto en el último día del periodo legislativo buscó cerrar cualquier posibilidad de reabrir el debate en plenaria.
“Esperaron hasta el último día para hundir la reforma a la salud y así impedir que pudiera revivirse. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”, señaló Benedetti.
Pese al resultado, el senador Fabián Díaz inmediatamente presentó recurso de apelación, el mismo mecanismo con el que meses atrás logró revivir la reforma laboral y llevarla a discusión en plenaria.
Un debate sin retorno
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, intervino ante la Comisión para defender la viabilidad presupuestal de la reforma a la salud, y aseguró que su financiación no estaba condicionada a la Ley de Financiamiento, que terminó hundiéndose en el Congreso días atrás.
Explicó que el gasto en salud se encuentra financiado, en gran parte, a través del Sistema General de Participaciones (SGP), tal como lo establece la Constitución Política.
El ministro recordó, además, que el gasto público social incluye como componentes principales el gasto en salud, educación y agua potable, entre otros. Asimismo, subrayó que la norma constitucional dispone que el gasto público social debe incrementarse anualmente, como mínimo, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con base en este marco constitucional, el ministro concluyó que la proyección del gasto asociada a la reforma a la salud no estuvo condicionada a la Ley de Financiamiento. “La estructura presupuestal se diseñó para garantizar que los compromisos se cumplan, dando prioridad a la inversión social y al gasto público en salud”, afirmó.
Por su parte, el ministro de Salud, salió a criticar las EPS y sus «negocios»: “La ley es clara y no hemos tenido los reportes adecuados, como lo ha constatado no solo el Gobierno, sino la Contraloría General”, indicó. Según el ente de control, entre 2020 y 2022 las EPS no lograron explicar el destino de recursos por montos significativos: $6,8 billones, a esto se suman inconsistencias detectadas en 2024 por cerca de $2,8 billones, derivadas de las diferencias entre lo girado por la Adres y lo reportado por las EPS a la Superintendencia y al Ministerio de Salud.
Frente a las críticas sobre la financiación del sistema, el ministro reiteró que la ley de financiamiento no tiene relación directa con el presupuesto de salud. Recordó que desde septiembre el Ministerio de Hacienda había advertido que esa discusión era independiente y que el proyecto incluía un aval fiscal a 10 años, con medidas como el aumento progresivo de la inversión social equivalente al 1 % del PIB en la próxima década. Además, señaló que allí se incluyeron impuestos saludables y el IVA social, que aportarían alrededor de $6 billones adicionales.
El jefe de la cartera de Salud también cuestionó el discurso de crisis financiera de algunos actores del sistema. “No entendemos cómo, si el negocio es tan malo, siguen en él”, afirmó, al mencionar que cerca de 150 clínicas privadas reportaron utilidades netas por casi $5 billones en 2024. Citó como ejemplo a la Clínica Colsanitas, que en 2021 reportó utilidades netas por cerca de $494.000 millones, mientras que todo su conglomerado superó los $650.000 millones. También mencionó utilidades relevantes en otras clínicas de alta complejidad y entidades privadas del sector.
Finalmente, el ministro cuestionó la falta de auditoría efectiva sobre los recursos y la integración vertical del sistema: “Nadie audita estos recursos y el negocio sigue siendo el negocio. Luego se le echa la culpa al Gobierno, cuando lo único que ha hecho es aumentar de manera permanente el presupuesto”, dijo.
—
