Contraloría General de la República ha informado que ha iniciado un proceso de embargo en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y otras personas involucradas.
Debido a un posible incumplimiento de contrato e intermediación innecesaria entre la Imprenta Departamental del Valle del Cauca, conocida como Impretic´s, y la Unión Temporal Windetec.
La Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción de la CGR encontró irregularidades en un convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia de la policía de Cali, en la ejecución del contrato y la entrega de las cámaras.
En este caso se encontró un presunto detrimento patrimonial por un monto de $1.854.603.749.
¿Quiénes están involucrados en el presunto caso de corrupción?
Por este caso quedaron vinculados como presuntos responsables fiscales el alcalde de Cali, el secretario de seguridad y justicia, el supervisor del contrato, el gerente general de IMPRETIC´S y los miembros de la Unión Temporal.
Se ordenó el embargo de sus cuentas bancarias y bienes inmuebles, adicionalmente se compulsaron copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.
“Desde que llegué a ocupar el cargo de Contralor General de la República he tenido como meta lograr una recuperación mayor de los dineros que se pierden por causa de la corrupción y los malos manejos. Hoy quiero decirle a Cali, mi ciudad, que mi compromiso con devolverle a la ciudadanía la fe en las instituciones, sigue intacto. En el caso de EMCALI, las investigaciones que he venido realizando con mi equipo nos permiten hoy anunciar la apertura de procesos de responsabilidad fiscal con medidas cautelares en importantes asuntos, que van mucho más allá de hallazgos fiscales y tocan el patrimonio personal de los implicados, así como en el caso de EMCALI, lo estamos haciendo en todo el país” expresó Carlos Rodríguez, contralor general.
Recomendado: Encuesta Datexco: así está la favorabilidad de los principales alcaldes de Colombia
En el documento emitido por la Contraloría, se lee los asuntos en cuestión, donde se resalta:
- Se evidenció el pago de lo no debido con ocasión del Contrato de Obra No. 300-AO-1215-2021 por una cuantía aproximada de presunto daño patrimonial equivalente a $176.621.004.
Los implicados en este caso son el gerente de área de abastecimiento empresarial, el ingeniero de proyectos y varios contratistas miembros del consorcio “ASECAF Clarificación Puerto Mallarino”. El Auto de apertura del proceso cuenta con medidas cautelares de embargo a 21 cuentas bancarias.
- Proceso de Responsabilidad Fiscal – Línea de Aducción Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP Rio Cali (Barrio San Antonio). Se acordó, junto al Ministerio de Vivienda, aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado “Construcción nueva línea de aducción PTAR San Antonio” y establecer las condiciones para hacer efectivo el apoyo financiero de la Nación al municipio de Santiago de Cali. El valor del anticipo no fue amortizado, se tienen obras inconclusas y la cuantía del presunto daño patrimonial es de $14.107.087.377. En este proceso los implicados incluyen al gerente de área funcional y gestión, al cliente de EMCALI y a las empresas contratistas. Se decretaron medidas cautelares para los contratistas y gerentes de EMCALI.
Frente a los puntos anteriores, la Contraloría embargó 45 cuentas bancarias y 12 inmuebles.
“En mi administración vamos a trabajar por recuperar los recursos que no están invertidos adecuadamente, a través de herramientas más eficientes, como el levantamiento del velo corporativo y la aplicación de medidas cautelares cada vez que tengamos suficiente evidencia del presunto daño y se abra un proceso de responsabilidad fiscal. El caso de EMCALI y de IMPRETIC´S debe sentar un precedente con los embargos efectuados y medidas que nos permitan proteger los recursos públicos” concluyó el contralor.
