La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) puso sobre la mesa un llamado urgente para replantear y fortalecer la política de transición energética en Colombia.
Luis Miguel Fernández, presidente de la Junta Directiva del gremio, en el 12 Foro Energético de la agremiación, aseguró que el país necesita avanzar hacia un modelo de transición que combine viabilidad técnica, seguridad en el abastecimiento y estabilidad tarifaria, pilares que solo serán posibles con un marco regulatorio claro, predecible y confiable.
De acuerdo con Fernández, esta discusión debe ir más allá del Gobierno y convertirse en una agenda de Estado. Por eso, hizo énfasis en que el Congreso de la República, la Contraloría, los órganos de control y las cortes tienen un rol esencial en acompañar y dar soporte a las decisiones que se tomen en materia de política pública.
“El segundo semestre de 2025 debe ser un punto de partida de una inflexión profunda sobre nuestra política energética. Colombia necesita construir un modelo que no solo sea ambientalmente sostenible, sino que también asegure seguridad energética, seguridad jurídica para los inversionistas y un desarrollo económico que tanto requieren nuestras regiones”, afirmó Fernández.
Las propuestas de Andeg en pro de la transición energética
Uno de los mensajes centrales de Andeg es que la transición energética no puede seguir abordándose bajo un enfoque de prohibiciones, sino como una plataforma de innovación tecnológica y aprovechamiento eficiente de los recursos naturales.
Para lograrlo, se requiere estabilidad institucional, confianza de los inversionistas y una red eléctrica moderna, resiliente y adaptable a los retos de un entorno en constante cambio.
El también presidente de Tebsa recalcó que la regulación del sector eléctrico debe mantenerse en manos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), una entidad técnica e independiente que garantiza reglas estables para todos los actores.
“Esto no es un capricho, es un principio de buena gobernanza que protege la transparencia del mercado y genera señales claras a los inversionistas”, subrayó.
Cuellos de botella y conflictividad social en medio de la transición energética
En la actualidad, el sistema eléctrico colombiano enfrenta cuellos de botella en generación, transmisión y distribución, que se han agudizado por bloqueos sociales, demoras en trámites ambientales y dificultades en el desarrollo de redes.
Esta situación, según Andeg, pone en riesgo la expansión ordenada que necesita el país para asegurar la suficiencia del sistema eléctrico.
“Requerimos una política energética que articule de manera efectiva a todos los actores: autoridades ambientales, comunidades, entidades territoriales y desarrolladores de proyectos que creen en Colombia y en sus instituciones. Solo con ese trabajo conjunto será posible superar las barreras que hoy frenan el crecimiento de la infraestructura”, dijo Fernández.
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Otro de los puntos críticos señalados por el presidente de la Junta Directiva de Andeg es la convocatoria de una nueva subasta de expansión de cargo por confiabilidad, mecanismo clave para integrar nuevos recursos firmes al sistema y garantizar la demanda futura de energía.
Sin esta medida, advirtió, se corre el riesgo de comprometer la seguridad energética del país en los próximos años. El directivo de la Asociación también insistió en que el gas natural seguirá siendo esencial en el proceso de transición energética.
No obstante, advirtió que la cadena de suministro del combustible enfrenta riesgos por un déficit creciente en la producción local, lo que amenaza la estabilidad del sistema.
Un llamado a la acción conjunta
Ante este panorama, el dirigente gremial planteó varias medidas urgentes: avanzar en nuevos contratos de exploración de gas, impulsar proyectos de importación de gas natural licuado (GNL) tanto en el Caribe como en el Pacífico, modernizar el Sistema Nacional de Transporte de Gas y promover mercados alternativos como el biometano, con reglas más ágiles de comercialización.
Para Andeg, la transición energética en Colombia debe construirse desde la concertación entre el sector público, los inversionistas, las comunidades y los reguladores.
Sin esta visión integral, será difícil cumplir con los objetivos de sostenibilidad y, al mismo tiempo, garantizar seguridad energética y precios estables para los usuarios.
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“Colombia necesita una hoja de ruta clara y consensuada para garantizar que la transición energética avance con seguridad y confianza. La institucionalidad y las señales correctas de inversión son la base para lograrlo”, concluyó Fernández.