El Ministerio de Hacienda prepara un decreto reglamentario para poner en marcha el programa de crédito de emergencia para el sector empresarial, creado en el marco del estado de emergencia Económica.
El programa, que operará a través de Bancóldex, busca proveer liquidez inmediata a las pequeñas y medianas empresas domiciliadas en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó que hayan sufrido afectaciones directas o indirectas por el fenómeno hidrometeorológico.
La zona de emergencia comprende 328 municipios, de los cuales el 90,8 % pertenece a las categorías fiscales 5 y 6, las de mayor precariedad institucional y menor capacidad de respuesta.
Según datos del DANE y la Superintendencia de Sociedades, en los territorios afectados hay 530.666 unidades económicas y cerca de 1,95 millones de micronegocios que generan empleo para más de 2,36 millones de personas.
Tasa cero y garantía del 90 %
La tasa de interés será cero, compensada con recursos del Ministerio de Hacienda provenientes de sobrantes del servicio de deuda pública. El monto máximo por beneficiario será de 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($210 millones), con un plazo de hasta 36 meses desde el desembolso, posibilidad de períodos de gracia y amortización en cuotas mensuales. El Fondo Nacional de Garantías (FNG) respaldará cada crédito con una cobertura del 90 %.
El decreto establece que los recursos podrán destinarse a capital de trabajo, sustitución de pasivos e inversión.
Para acceder al programa, las empresas deberán acreditar su condición de afectadas mediante certificación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Registro Único de Damnificados o el Comité Municipal de Gestión de Riesgo.
La medida cobra relevancia en un contexto de restricción crediticia severa: según la memoria justificativa del decreto, la tasa de interés efectiva anual corriente en la zona llega al 58,55 % y la tasa de usura alcanza el 87,83 % en zonas urbanas, barreras que el programa busca eliminar de manera transitoria para evitar el cierre definitivo de empresas.
