El Banco de la República (BanRep) respondió a los comentarios del presidente, Gustavo Petro, referentes a la comunicación enviada a la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.
“El Banco lamenta las interpretaciones erradas que se han dado sobre los planteamientos de la carta (…) los cuales no tuvieron ningún propósito diferente a obtener claridad y proponer un plazo razonable para cumplir con lo que establece la ley, de conformidad con lo que decida la Corte Constitucional”, escribió.
En contexto, la autoridad monetaria había pedido a la instancia judicial que se aplazara, al menos tres meses, la entrada en vigor de la reforma pensional aprobada en el Congreso de la República, lo cual causó molestia en el mandatario.
Para Petro, según declaraciones más temprano en redes, “la junta directiva del Banco de la República (…) está llevando la economía colombiana hacia el vampirismo financiero, cuando propuse, al contrario, impulsar la producción real”.
BanRep vuelve a justificar su petición a la Corte
Ante estas declaraciones, el banco central emitió un segundo comunicado en el argumentó el porqué de sus declaraciones previas.
Su primer propósito con el documento, dijo, era “aclarar la interpretación de la Corte sobre la vigencia de la Ley y de los decretos que han sido expedidos en su proceso de reglamentación”.
Lo anterior, pues “es fundamental para avanzar en temas como la firma de contrato entre el Banco de la República con el Ministerio de Hacienda, la selección de administradores externos y la designación de los miembros del Comité Directivo del FAPC por parte de la Junta”.
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“Se venía trabajando en estos temas, pero el proceso se interrumpió tras la publicación del comunicado de la Corte del 17 de junio de 2025, en el cual se informa la decisión de “suspender a partir de la fecha la entrada en vigencia de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley”, expuso el BanRep.
Asimismo, el Banco advirtió que su propósito era solicitar a la Corte la posibilidad de definir un margen razonable de tiempo para avanzar en los procesos que, por razones ajenas al Banco, ya venían atrasados y se interrumpieron a partir del 17 de junio.
Para ello se sugirió que la entrada en vigencia de la ley no sea el día siguiente a la fecha de decisión sobre su constitucionalidad sino tres meses después de que se conozca la sentencia respectiva.
“La lectura preliminar del comunicado de prensa de la Corte Constitucional podría implicar que todos los procesos pendientes tendrían que hacerse entre la fecha en que se decida la constitucionalidad de la ley y el día inmediatamente posterior, lo cual resulta inviable desde el punto de vista práctico”, destacó.
