La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) publicó para consulta ciudadana el proyecto de decreto que crea la licencia ambiental solar para proyectos de energía solar.
Este aplicará a instalaciones con capacidades entre 10 y 100 megavatios (MW). El documento fue elaborado por la ANLA, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y bajo la orientación del presidente de la República.
“Con la LASolar, avanzamos hacia un licenciamiento ambiental estratégico, racional y participativo, alineado con la Transición Energética Justa”, señaló la directora general de la ANLA, Irene Vélez Torres.
La medida busca optimizar el procedimiento de licenciamiento para proyectos de bajo impacto ambiental, reduciendo tiempos y mejorando la calidad de la información técnica.
También incentiva a los usuarios a optimizar el diseño de sus proyectos y a acortar los tiempos de elaboración de los estudios de impacto ambiental.
Con este nuevo proyecto la ANLA será la entidad que podrá desempeñar un rol más activo en la etapa de preparación de los proyectos, emitiendo términos de referencia específicos y suministrando información para la elaboración de los estudios de impacto ambiental.
Con la LASolar, la ANLA contará con plazos definidos: tras la radicación, tendrá 5 días hábiles para verificar los documentos y emitir el auto de inicio; luego, dispondrá de 10 días hábiles para requerir información adicional si es necesario.
El solicitante tendrá hasta 30 días hábiles para responder, con posibilidad de prórroga.
Finalmente, una vez recibida esa información, la ANLA contará con 10 días hábiles para pronunciarse sobre la viabilidad y emitir la respectiva decisión.
Este nuevo esquema permitirá reducir en un 70 % el tiempo en el trámite de licenciamiento ambiental ante esta autoridad. El proyecto también promueve mecanismos de asociatividad con comunidades locales y gobernanza social para las transferencias del sector eléctrico.
Se enmarca en las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, que promueve la democratización de la energía, la participación de las comunidades en el desarrollo de proyectos sostenibles y el fortalecimiento institucional en torno a la transición energética.
