La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia ha sido recibida con un optimismo inicial en los mercados financieros, reflejando una renovada confianza en un cambio de régimen.
Sin embargo, un análisis de BTG Pactual advierte que, tras el entusiasmo inicial, el nuevo gobierno enfrentará una realidad fiscal compleja y una dependencia absoluta del poder legislativo para materializar sus promesas más profundas.
En el frente fiscal, el panorama presenta una dualidad marcada. Para el año 2026, el margen de ahorro ejecutable parece limitado frente a las expectativas de campaña debido a la alta rigidez del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Cerca del 70,4 % de los recursos no comprometidos corresponden a gastos inflexibles, como transferencias y nómina, lo que deja poco espacio para ajustes discrecionales más allá del recorte en inversión o el congelamiento de fondos asociados a reformas no aprobadas.
Por esta razón, BTG Pactual afirma que la verdadera prueba fiscal ocurrirá en 2027. En ese año, el gobierno deberá demostrar su capacidad para implementar una consolidación estructural que incluya una reforma tributaria enfocada en la simplificación y la digitalización y una reducción permanente del tamaño del Estado mediante la fusión de ministerios y la eliminación de programas con funciones duplicadas.
Congreso: El gran cuello de botella de las reformas
Para BTG Pactual, el éxito final de la agenda de De la Espriella no dependerá únicamente de su voluntad ejecutiva, sino de su capacidad para construir mayorías en el Congreso. Actualmente, el mandatario cuenta con una bancada propia reducida (apenas 4 curules en el Senado y 1 en la Cámara) mientras enfrenta una oposición liderada por el Pacto Histórico con 42 curules.
La entidad financiera enfatiza en su informe que mientras las señales tempranas en seguridad y gestión de activos pueden generar confianza, las reformas profundas están condicionadas al capital político.
Sin una coalición legislativa amplia y funcional, propuestas críticas como la reforma del Estado o la búsqueda de nuevas fuentes de recaudo para compensar la eliminación de impuestos podrían quedar estancadas, poniendo en riesgo la estabilidad fiscal y la credibilidad del programa económico a largo plazo.
Crecimiento económico: El fracking como motor
La apuesta económica más llamativa de la nueva administración es elevar el crecimiento del país hacia un ambicioso rango de entre el 5 % y el 7 %. Este objetivo se apoya fundamentalmente en la reactivación del sector de hidrocarburos mediante la implementación del fracking, una estrategia que la campaña estima podría inyectar entre $15 billones y $20 billones anuales en regalías al Estado.
A pesar de este optimismo, los analistas de BTG Pactual señalan que el impacto de estas medidas no será inmediato. El potencial del fracking se percibe más como un estabilizador de producción de mediano plazo que como un choque de crecimiento instantáneo, requiriendo inversiones masivas de hasta US$20.000 millones durante una década para alcanzar escenarios de producción agresivos.
Complementariamente, el gobierno busca impulsar el turismo, las Zonas Especiales de inversión y fortalecer la seguridad bajo el denominado «Plan Colombia II» para atraer mayor inversión extranjera directa.
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