En el marco de un nuevo periodo legislativo en Colombia, cinco representantes a la Cámara radicaron un nuevo proyecto para que se cree un lapso en el que podrá darse un cambio de régimen pensional.
El proyecto había sido rechazado en su anterior trámite y no vio luz verde luego de que tanto Gobierno como Asofondos (gremio que reúne a los fondos pensionales y de cesantías en Colombia) no apoyaran la iniciativa.
Dice el documento que “el presente proyecto de ley tiene por objeto restablecer los derechos que le fueron conculcados a un grupo significativo de ciudadanos, preponderantemente de los sectores sociales más vulnerables, al omitirse la obligación constitucional de brindarles la doble asesoría previa a la decisión de afiliación o traslado entre regímenes pensionales, permitiendo por un breve lapso ese traslado que se viene tramitando por vía judicial, con altísimos costos para el Estado”.
Esta iniciativa busca entonces que se permita el traslado de afiliados entre los regímenes pensionales: de ahorro individual con solidaridad y prima media con prestación definida.
Lo anterior se pretende aplicar por un lapso de seis meses para hombres mayores de 52 años y mujeres mayores de 47 años, con 750 semanas de cotización.
“Una vez se solicite el respectivo traslado, las administradoras de pensiones deberán emitir al afiliado por escrito el concepto de la doble asesoría, respetando el principio de la libertad informada, con el fin de que el afiliado tenga certeza y claridad sobre la conveniencia de permanecer en el régimen pensional que se encuentra o definitivamente se dé el respectivo traslado”, explica el documento.
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De esta manera, se pretenden que sea obligación de parte de las administradoras de pensiones emitir el respectivo concepto “dentro de los 20 días hábiles siguientes a la petición de traslado”.
Tanto el Gobierno, como Asofondos, habían mencionado, respecto al anterior proyecto de ley, que era inconveniente pues generaba un nuevo hueco fiscal e impactaba a un reducido número de trabajadores.
Para el anterior proyecto de ley, el Gobierno había tasado compromisos fiscales del orden de los $34 billones, en caso de que hubiera sido aprobado el articulado.
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