El informe de empalme construido y divulgado por el gobierno De la Espriella reveló que además del alto déficit fiscal, el costoso endeudamiento público y la caída en el recaudo tributario, el sector descentralizado de Hacienda y Crédito Público muestra inconsistencias financieras, descalces multimillonarios y cuestionables manejos de recursos.
Además del deterioro de los indicadores fiscales y macroeconómicos, el documento titulado Libro de la Verdad advierte que entidades clave como el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), el el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y Coljuegos muestran un patrón de desequilibrio.
Por ejemplo, el FNA, custodio de las cesantías de más de 1,7 millones de trabajadores, presenta un descalce estructural de $3,7 billones entre activos y pasivos a tasa fija y UVR.
El informe también advierte que el deterioro de la cartera comercial e hipotecaria se disparó en un 260,9 % entre 2024 y 2025, alcanzando un acumulado de $613.853 millones.
De forma paralela, la utilidad neta de la entidad se desplomó un 48,9 % entre 2023 y 2025, mientras que los costos de personal aumentaron un 434 % entre 2020 y 2025. Las cuentas por pagar también crecieron un 734 % en un solo año.
Por su parte, Findeter otorgó créditos directos por $328.000 millones a la empresa de servicios públicos AIR-E S.A.S. E.S.P. (divididos en un desembolso de $280.000 millones en noviembre de 2023 y otro de $48.000 millones en abril de 2024).
Según el nuevo gobierno, la operación se realizó con graves inconsistencias documentales, sin soportes técnicos suficientes en el modelo de riesgo y con garantías insuficientes (un límite de cobertura compartido de apenas $150.000 millones).
Hoy en día, AIR-E se encuentra en liquidación definitiva, lo que pone este dinero público en riesgo inminente de pérdida, de acuerdo con el informe. Como consecuencia de esta y otras operaciones, la cartera comercial improductiva de Findeter pasó de $2.119 millones en 2024 a $367.256 millones en 2025.
Lupa sobre los recursos para la salud
La Contraloría General reportó hallazgos fiscales en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por $81.593 millones en 2024 y $176.795 millones en 2025.
Las auditorías de los últimos años (2023 a primer semestre de 2025) estructuraron un total de 61 hallazgos, de los cuales 23 tienen incidencia fiscal por un valor acumulado de $548.120 millones.
Además, se cuestiona la firma de 10 contratos de transacción por cerca de $1,2 billones suscritos sin la aprobación del Consejo Directivo, y se identificaron $133.255 millones en pagos irregulares por servicios represados e intereses.
Finalmente, la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar, Coljuegos, dejó prescribir cobros por un valor de $34.023 millones. Esto ocurre mientras se calcula que el juego ilegal deja de transferir cerca de $1,5 billones anuales al sistema de salud de los colombianos debido a la falta de controles efectivos.
Por otro lado, los funcionarios del empalme detectaron irregularidades contractuales y de gestión en otros cuatro casos.
En el marco de la Reforma agraria, el Gobierno destinó $1 billón para la compra de 537 predios a la Sociedad de Activos Especiales (SAE); sin embargo, el análisis forense reveló que únicamente tres de estos predios contaban con la debida titulación y escritura registrada a favor de la Nación.
También se detectó un presunto cambio de reglas contractuales en el proceso de licitación por $165.492 millones para el programa Colombia Solar, lo que derivó en la suspensión inmediata del director ejecutivo del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) por parte de la Procuraduría.
Además, la filial de transporte de hidrocarburos del Grupo Ecopetrol, Cenit, adjudicó un contrato de asesoría y representación judicial por $23.663 millones a la firma Gesycobro S.A.S., una sociedad que cuenta con un capital social de apenas $117 millones y cuya experiencia acreditada era exclusivamente de cobro de cartera, no de alta representación legal.
Y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registró una ejecución acumulada de apenas el 4,3 % de su asignación de $15,3 billones en el periodo 2022-2026.
Además, la Contraloría reportó $223.988 millones en hallazgos fiscales en 106 proyectos financiados con regalías en la Región Caribe y $240.766 millones pendientes de reintegro por convenios vencidos.
Caja en mínimos y deuda en máximos
El informe expone que la caja fiscal del Estado registra $16 billones al 31 de mayo de 2026, una cifra críticamente baja en comparación con el rango histórico de entre $30 billones y $40 billones, y se proyecta que el año cierre con apenas $7,1 billones.
A esto se suma el hecho de que el déficit fiscal escaló al 6,4 % del PIB en 2025, obligando a activar la cláusula de escape de la regla fiscal para el periodo 2025-2027.
La gestión de la deuda pública también ha sido calificada de altamente costosa y concentrada. Incluso la Contraloría General de la República identificó que el Ministerio de Hacienda elevó de forma unilateral el límite de adjudicación por emisión de Títulos de Tesorería (TES) del 50 % al 100 %, concentrando la deuda pública en muy pocos tenedores.
Estas colocaciones se pactaron a tasas de interés de entre el 13 % y el 15 %, las más altas de la historia reciente del país. Además, los vencimientos de esta deuda quedaron concentrados en los años 2026, 2029 y 2030, trasladando una gran presión financiera a la administración entrante.
Así mismo, el ente de control advirtió que existen encargos fiduciarios por $113 billones que podrían estar sobreestimando la ejecución presupuestal real frente a la caja disponible.
