La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) se pronunció sobre el borrador del decreto mediante el cual el Gobierno plantea reprogramar las vigencias futuras para los proyectos de infraestructura, bajo el esquema Asociaciones Público-Privadas (APP).
El presidente del gremio, Juan Martín Caicedo, criticó que la propuesta contenida en el proyecto de decreto y aseguró que genera “serias dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad, por cuanto desconoce instancias y procedimientos actualmente regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de Asociaciones Público – Privadas”.
Además, sostiene que iría en contravía con la advertencia de la Contraloría de no modificar unilateralmente lo pactado en los contratos y que “pone en serio riesgo la viabilidad financiera de todos los proyectos (iniciativas públicas de los programas 4G y 5G) y los recursos de ahorradores que están apalancando la ejecución de decenas de obras, su operación y mantenimiento a lo largo y ancho del país”.
En la misma línea, la CCI advierte que cualquier modificación al presupuesto sin una justificación técnica y legal afecta directamente al Estado, al debilitar la confianza inversionista, vulnerar el principio de transparencia que debe regir toda relación contractual y limitar las posibilidades de generar valor agregado, competitividad y desarrollo económico.
Según el gremio, el proyecto de decreto implicaría, en la práctica, un incumplimiento de los contratos por parte del Estado, lo que generaría perjuicios y un posible detrimento patrimonial.
Además, la CCI señala que cambios en las reglas de juego, como los propuestos en el borrador del decreto, crean barreras de entrada para la inversión y agravan el clima de inseguridad jurídica en el país.
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