La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) planteó 12 puntos para la reactivación económica y la recuperación de la confianza de los inversionistas en el país.
Juan Martín Caicedo, presidente del gremio, le propuso al presidente de Colombia, Gustavo Petro, resolver la problemática técnica y financiera de cuatro corredores viales importantes: vías del Chocó (Quibdó – Medellín), (Quibdó- Pereira), Pasto-Popayán, Bogotá – Villavicencio y vías de frontera a Santanderes.
Propuestas de la Cámara de Infraestructura para reactivar la economía de Colombia
En segunda instancia se considera importante avanzar, con metas precisas en el tiempo, en el ejercicio que adelantan el Ministerio de Hacienda y la CCI, en aras de garantizar los recursos necesarios para la cabal ejecución de algunas concesiones viales en etapa de construcción, y de esa manera reactivar la economía.
El gremio también dice que es importante precisar los cronogramas de licitación y adjudicación de corredores estratégicos de iniciativa pública: El Estanquillo-Popayán ($7,8 billones), Villeta-Guaduas ($7,1 billones) y la iniciativa férrea La Dorada-Chiriguana ($2,6 billones).
Caicedo considera importante acelerar los trámites ambientales de proyectos 5G que se encuentran en etapa de reconstrucción, tales como Accesos Norte 2, Buga-Buenaventura y Canal del Dique.
Cabe mencionar que la inversión de estos proyectos asciende a más de $10 billones.
De otro lado, la Cámara de Infraestructura afirma que es clave proceder con el aumento faltante en las tarifas de los peajes, correspondientes al IPC del 2023.
Otro punto que ha generado gran debate son las vigencias futuras, Caicedo dice que se debe “honrar los compromisos soberanos de las vigencias futuras del sector”, así como con los sistemas de transporte masivo de ciudades capitales en el Presupuesto General de la Nación 2025.
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“Sin tales vigencias, el país no hubiese logrado el avance y la inversión notable en infraestructura -más de $120 billones – en las últimas dos décadas”, apuntó la Cámara de Infraestructura.
El gremio insiste en la necesidad de agilizar el proceso de aprobación de diversas Iniciativas Privadas (IP) en el ámbito vial y aeroportuario. Estas iniciativas no requieren recursos públicos, ya que no ejercen presión sobre las finanzas fiscales. Su aprobación y ejecución oportuna resultarían en una respuesta contracíclica estimada en más de $40 billones.
Asimismo, dicen que se requiere acelerar la ejecución de más de medio centenar de proyectos de obra pública, incluidos en los programas «Legalidad y Reactivación 2.0» (2021-2030).
Estos proyectos representan una inversión que supera los $13 billones y están distribuidos en 28 departamentos, con vigencia hasta el año 2030. Entre ellos se encuentran la conexión ‘Alta Guajira’ y la variante San Francisco-Mocoa.
Además, es crucial garantizar la viabilidad de las obras estratégicas de la concesión IP «Autopistas del Caribe» o el corredor de carga Cartagena-Barranquilla, con una inversión total estimada de $6,7 billones.
Se destaca la importancia de establecer un cronograma preciso para la implementación del cobro de la valorización y la destinación específica de los recursos recaudados, estimados en cerca de $14 billones, según el Ministerio de Transporte.
Asimismo, reiteran definir claramente, en términos de tiempo y cantidad, el alcance de la inversión prevista en los llamados ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’.
Finalmente, se hace hincapié en la necesidad de potenciar el instrumento de financiación de «obras por impuestos», el cual cuenta con recursos asignados para el año 2024 por un valor de $1 billón.
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