La decisión del Consejo de Estado de revivir temporalmente parte del Decreto 572 de 2025 volvió a poner sobre la mesa una preocupación que inquieta a miles de empresas en Colombia: la necesidad de entregar más dinero a la DIAN antes de presentar su declaración de renta.
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Aunque la medida no implica un incremento automático en los impuestos que pagan las compañías al cierre del año, sí modifica el momento en que esos recursos salen de sus cuentas, un aspecto que puede afectar la liquidez de los negocios y su capacidad para operar con normalidad.
La discusión surge después de que la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocara la suspensión provisional de varios artículos del Decreto 572 de 2025, permitiendo nuevamente la aplicación de disposiciones relacionadas con el aumento de tarifas de autorretención y la reducción de bases mínimas para practicar retención en la fuente.
En términos prácticos, esto significa que numerosas empresas volverán a entregar anticipadamente una porción mayor de sus ingresos a la DIAN a través de mecanismos que funcionan como pagos por adelantado del impuesto de renta.
La decisión representa un alivio temporal para las finanzas públicas, ya que acelera el recaudo tributario. Sin embargo, para el sector empresarial supone un reto adicional en materia de flujo de caja, especialmente en un contexto en el que muchas organizaciones continúan enfrentando presiones por costos financieros, desaceleración económica y necesidades de inversión.
¿Qué cambia para las empresas con esta medida?
La retención en la fuente y la autorretención son mecanismos mediante los cuales los contribuyentes anticipan parte del impuesto que eventualmente deberán pagar.
Con el restablecimiento de las reglas contenidas en el Decreto 572 de 2025, más operaciones quedan sujetas a retención y algunas actividades económicas enfrentan mayores porcentajes de autorretención.
María Fernanda Bustos, directora (e) del Programa de Contaduría Pública de Uniagraria, explica que el principal efecto no es un mayor impuesto, sino un cambio en el calendario de pago.
«Las modificaciones introducidas por el Decreto 572 de 2025 implican, en la práctica, que las empresas entreguen una mayor porción de sus ingresos al fisco a través de retenciones y autorretenciones mensuales», señala la experta.
Según Bustos, el Estado recibe los recursos con mayor anticipación, mientras que las compañías disponen de menos efectivo para cubrir gastos operativos como nómina, proveedores, servicio de deuda o inversiones.
Supongamos que una empresa presta servicios y factura $1.000 millones durante el año. Antes de los cambios, podía conservar una mayor parte de esos recursos durante varios meses para financiar su operación diaria y posteriormente liquidar el impuesto correspondiente.
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Con las nuevas reglas, una proporción más alta de ese dinero será retenida o autorretenida desde el momento en que se generan las operaciones, reduciendo la liquidez disponible en caja.
Al final del año, el impuesto definitivo podría ser similar al que habría pagado sin la modificación. La diferencia es que el dinero salió antes de las cuentas de la empresa. Por eso los expertos hablan de un efecto principalmente financiero y no necesariamente económico.
Otro efecto que podría hacerse más visible es el crecimiento de los saldos a favor de los contribuyentes.
Al incrementarse las retenciones y autorretenciones practicadas durante el año, existe una mayor probabilidad de que, al momento de presentar la declaración de renta, muchas compañías descubran que ya pagaron una parte importante de su obligación tributaria o incluso que pagaron más de lo que finalmente les correspondía.
Esto puede traducirse en un menor saldo por pagar o en un saldo a favor más elevado frente a la DIAN. No obstante, Bustos advierte que ello no elimina el impacto financiero que enfrentan las organizaciones durante el año.
«Desde la perspectiva del contribuyente, este saldo a favor representa un derecho frente a la Administración Tributaria, pero no compensa el hecho de que durante todo el periodo se dispuso de menos efectivo para la operación», explica la experta.
Para los expertos, es importante diferenciar ambos conceptos. La directora encargada del Programa de Contaduría Pública de Uniagraria señala que el impuesto de renta continúa calculándose sobre la renta líquida gravable de cada contribuyente y que las retenciones funcionan simplemente como pagos anticipados.
Por esa razón, la medida no altera directamente la forma en que se determina el impuesto.
Sin embargo, desde el punto de vista financiero, las empresas sí enfrentan un costo de oportunidad, ya que disponen de menos recursos para invertir, expandirse o atender necesidades de tesorería mientras esperan la liquidación definitiva del tributo.
La decisión adoptada por el Consejo de Estado tampoco significa que el debate jurídico haya concluido.
La corporación únicamente levantó la medida cautelar que había suspendido provisionalmente algunas disposiciones del decreto, pero todavía deberá resolver de fondo la demanda de nulidad presentada contra la norma.
Mientras se conoce esa decisión definitiva, las empresas deberán volver a aplicar las reglas previstas en el Decreto 572 de 2025 y revisar cuidadosamente sus proyecciones financieras.
Bustos concluye que el desafío no consiste únicamente en cumplir las obligaciones tributarias, sino en fortalecer la planeación financiera para anticipar los efectos que estos cambios pueden generar sobre la liquidez y la sostenibilidad de las organizaciones.
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Por eso, la recomendación para las compañías es revisar sus presupuestos de tesorería, evaluar posibles necesidades de financiación y ajustar sus estrategias tributarias, en un escenario donde el recaudo anticipado vuelve a ganar protagonismo mientras el Consejo de Estado toma una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto.
