La actualización del régimen de concesiones portuarias en Colombia busca facilitar nuevas inversiones en infraestructura, mejorar la conectividad logística y establecer condiciones para el desarrollo de proyectos estratégicos. Sin embargo, los cambios regulatorios también plantean la necesidad de fortalecer la gestión de riesgos financieros y los mecanismos de protección frente a posibles incidentes en las terminales.
El Decreto 1529 del 14 de octubre de 2026, expedido por el Ministerio de Transporte, modifica las condiciones de las concesiones portuarias. Entre sus disposiciones contempla facilitar la ejecución de inversiones, reconocer recursos que no hayan sido recuperados al finalizar los contratos e incorporar obras destinadas a mejorar la conexión de los puertos con las redes terrestres, ferroviarias, fluviales y marítimas.
El dinamismo de esta actividad se refleja en las cifras de movilización de carga. De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, durante el primer semestre de 2026 las zonas portuarias del país movilizaron 88,2 millones de toneladas, lo que representó un incremento del 3,2 % frente al mismo periodo del año anterior.
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Este crecimiento también implica mayores desafíos en materia de seguridad y cobertura financiera. La operación portuaria involucra mercancías de diferentes características, entre ellas hidrocarburos, productos considerados peligrosos, baterías de litio y vehículos eléctricos, cuya manipulación y almacenamiento pueden incrementar los riesgos de incendios, daños materiales y afectaciones a terceros.
Uno de los antecedentes de este tipo de situaciones ocurrió en marzo de 2024, cuando un incendio en una bodega de Contecar, en Cartagena, afectó cerca de 9.800 metros cuadrados de instalaciones destinadas al almacenamiento de carga importada. El incidente obligó a restringir temporalmente algunas operaciones de la terminal y evidenció las consecuencias que puede tener un siniestro sobre la actividad logística.
Frente a este escenario, Juan Guillermo Hincapié, vicepresidente de Marine de Gallagher para Colombia, Ecuador y Panamá, señaló la importancia de revisar las condiciones de las pólizas de seguros y los límites de responsabilidad civil de las empresas portuarias.
La evaluación debe incluir los valores asegurados, los deducibles, los gastos derivados de una emergencia y la posibilidad de que las pérdidas superen los montos cubiertos. Esto resulta relevante debido a la concentración de mercancías de terceros, infraestructura y activos de alto valor en espacios donde un incidente puede generar afectaciones simultáneas.
De esta manera, la modernización portuaria no solo requiere recursos para ampliar la capacidad y mejorar la conectividad, sino también estrategias de protección financiera que permitan responder ante contingencias, reducir las pérdidas y garantizar la continuidad de las operaciones.



