Canacol solicitó a la Superintendencia de Sociedades reconocer en Colombia las órdenes emitidas por la Corte de Alberta (Canadá) que autorizan la terminación de varios contratos de suministro y transporte de gas.
La medida, presentada por KPGM en calidad de representante extranjero, es considerada por la compañía como indispensable para avanzar en su proceso de reestructuración y evitar un eventual colapso de su operación.
Según el documento radicado ante la Supersociedades, la empresa enfrenta un deterioro de su situación financiera por la caída en la producción de gas, derivada del agotamiento natural de algunos campos, retrasos operativos y la falta de inversiones suficientes para incorporar nuevas reservas.
Lo anterior, aseguró Canacol, ha impedido cumplir simultáneamente con los compromisos de entrega de gas y con los pagos asociados a contratos de transporte.
Como consecuencia, la empresa afirmó que ha acumulado penalidades por incumplimientos, mayores costos de transporte y una reducción de sus ingresos, factores que la llevaron a acogerse a un proceso de insolvencia en Canadá.
¿Cuáles son los contratos que busca terminar?
La autorización otorgada por la Corte de Alberta comprende la terminación de cinco tipos de contratos.
Estos son: contratos de suministro de gas para usuarios regulados o demanda esencial, contratos de suministro para clientes comerciales, contratos mixtos, contratos de transporte con Promigas y contratos de transporte de gas natural licuado con Canaven.
La empresa argumentó que dichos acuerdos fueron pactados bajo condiciones de producción y precios que hoy no reflejan su realidad operativa.
Además, sostuvo que los contratos de suministro para demanda no esencial tienen precios considerablemente inferiores a los actuales valores del mercado, lo que dificulta atraer inversionistas o compradores dentro del proceso de reorganización.
Canacol asegura que no busca aumentar el precio para hogares
Uno de los puntos centrales de la solicitud es que la terminación de los contratos no implicaría aumentos en el precio del gas para los usuarios regulados.
De hecho, la Corte de Alberta condicionó las autorizaciones a que cualquier nuevo contrato relacionado con la demanda esencial mantenga los mismos precios vigentes para hogares y pequeñas empresas.
En ese contexto, Canacol rechazó una propuesta presentada por Cerro Matoso que planteaba incrementar de manera uniforme en US$1,50 por MMBtu el precio de todos los contratos, al considerar que trasladaría ese mayor costo a los consumidores regulados.
La reestructuración depende de renegociar los contratos
El documento también señaló que las deudoras intentaron renegociar durante varias semanas las condiciones comerciales con las contrapartes, siguiendo incluso una recomendación del juez canadiense. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron.
Ante ese escenario, la Corte de Alberta concluyó que autorizar la terminación de los contratos era la única alternativa para forzar una nueva negociación que permitiera la continuidad del negocio.
Canacol advirtió que si las órdenes no son reconocidas en Colombia, será mucho más difícil concretar una venta o conseguir nuevos inversionistas dentro del proceso de reorganización, lo que pondría en riesgo la continuidad de la empresa.
Incluso, sostuvo que los financiadores del proceso de insolvencia tienen cerca de US$500 millones comprometidos y ya desembolsaron US$60 millones, con posibilidad de aportar un monto adicional similar si la compañía logra demostrar que es viable financieramente.
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