El proceso de reestructuración de Canacol Energy, la segunda productora de gas en el país tuvo avances relevantes recientemente: Hay un evidente deterioro en la producción, una nueva financiación de sus acreedores y la búsqueda de libertad para terminar algunos contratos.
La segunda productora de gas en Colombia obtuvo autorización judicial en Canadá para renegociar, modificar o terminar ciertos contratos dentro de su proceso de reorganización, aunque los documentos judiciales no identifican cuáles acuerdos podrían verse afectados.
La autorización quedó consignada en una orden emitida por la Corte del Rey de Alberta, que permitió a la compañía “rechazar, rescindir o terminar, total o parcialmente, acuerdos o contratos de cualquier naturaleza”.
La medida quedó sujeta a autorización del monitor judicial KPMG o a nuevas órdenes de la Corte. Por su parte, la Superintendencia de Sociedades, indicó que las decisiones recientres «no implican, por sí mismas, autorización para la venta o enajenación de activos ubicados en Colombia, ni para la ejecución de operaciones de inversión, las cuales deberán contar en todo caso con autorización previa y expresa del juez colombiano».
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¿De cuáles contratos se trata?
Sin embargo, el expediente también diferencia estos contratos de los activos estratégicos de la operación de gas natural en Colombia.
En uno de los documentos, la empresa señaló que sus principales activos corresponden a contratos de exploración y producción suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que le permiten “explorar, explotar y producir gas natural en Colombia”.
Los documentos judiciales muestran que tanto la compañía como el monitor judicial han insistido en preservar la continuidad operacional de Canacol Energy en Colombia mientras avanza el proceso de reorganización financiera.
El sexto informe del monitor KPMG advirtió que una interrupción operativa podría afectar materialmente el valor de la empresa y limitar las alternativas de reestructuración.
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El expediente también señala que algunos proveedores críticos en Colombia advirtieron sobre una eventual suspensión de servicios si no recibían pagos pendientes previos al proceso de reorganización.
Según explicó la empresa ante la Corte, varios de estos proveedores realizan trabajos especializados de reacondicionamiento de pozos de petróleo y gas, y una suspensión de actividades podría generar cierres de pozos, caída acelerada de producción y pérdida inmediata de ingresos.
Financiamiento aumentó hasta US$112 millones
La autorización para revisar contratos quedó ligada directamente a la ampliación del financiamiento DIP (deudor en posesión), mecanismo utilizado para sostener operaciones durante procesos de insolvencia.
Canacol Energy solicitó ampliar este financiamiento desde US$67 millones hasta US$112 millones, mediante un nuevo tramo adicional de US$45 millones.
Según el monitor judicial, la empresa requería liquidez urgente debido a un deterioro operacional superior al previsto inicialmente. En el expediente, KPMG señaló que “los resultados de producción e ingresos del grupo Canacol no han sido los proyectados”.
También advirtió que “tanto la necesidad como el riesgo de financiamiento DIP adicional han aumentado”.
La firma agregó que, sin el nuevo financiamiento, la compañía enfrentaba riesgo de no poder continuar operaciones ni sostener el proceso de reorganización.
Aclaración de la SuperSociedades
La entidad en Colombia también explicó que, sobre una eventual suspensión en el suministro de gas, «a la fecha, no existe ninguna solicitud, actuación o petición radicada ni tramitada en el expediente concursal relacionada con dicho escenario».
En el evento en que se presente formalmente alguna solicitud en ese sentido, deberá ser tramitada en Colombia.
La SuperSociedades también advirtió «de manera expresa» que cualquier desarrollo, decisión, acuerdo o resultado que se produzca en el marco de las audiencias o actuaciones surtidas ante la autoridad judicial canadiense «deberá ser debidamente allegado al expediente en Colombia y someterse a la solicitud de reconocimiento correspondiente, con el fin de que sea analizado en el marco de las normas que regulan el régimen concursal».
Acreedores pidieron revisar contratos vigentes
Uno de los puntos más sensibles del expediente es que los acreedores DIP condicionaron nuevos desembolsos a que la empresa iniciara procesos relacionados con ciertos contratos vigentes.
El documento judicial señala que el nuevo acuerdo financiero incluía como condición “el inicio de una solicitud judicial para rechazar ciertos contratos vigentes de los solicitantes, o llegar a acuerdos para modificarlos”.
No obstante, ni la compañía ni el monitor identificaron cuáles contratos estaban bajo revisión, y en ninguna parte del expediente se indica que se trate de contratos con la ANH o de las principales licencias de producción de gas.
Choque de deudores: Macquarie cuestionó financiamiento
El principal acreedor garantizado de Canacol Energy, Macquarie Bank, cuestionó posteriormente varios aspectos del nuevo financiamiento.
En documentos radicados ante la Corte canadiense, el banco aseguró que la ampliación equivalía “en la práctica, a un nuevo financiamiento DIP”.
También cuestionó que no se hubiera realizado un proceso competitivo para buscar otros financiadores y confirmó que la compañía había incumplido proyecciones operativas y financieras.
Pese a esto, Macquarie Bank no se opuso al proceso de reorganización o venta de la compañía, sino principalmente al tamaño, costo y prioridad del nuevo financiamiento.
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