Canal 1 llevará a tribunal una tutela contra el Gobierno Petro por vulneración de libertad de expresión y riesgo a la concesión

El caso pasará a segunda instancia, en medio de un debate sobre libertad de prensa y la vigencia del contrato hasta 2037.

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El Canal 1 anunció que impugnará el fallo de tutela que negó las pretensiones presentadas contra MinTIC y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Con la apelación, el proceso será revisado en segunda instancia por el Tribunal de Cundinamarca.

La tutela fue interpuesta porque Canal 1 considera que varias decisiones del Gobierno empezaron a poner en riesgo la continuidad del canal y su independencia.

Plural Comunicaciones S.A.S. argumentó que, pese a tener una concesión vigente hasta 2037, pasó de recibir avales oficiales a enfrentar investigaciones, requerimientos y anuncios públicos sobre una posible nueva licitación, lo que generó incertidumbre sobre el contrato, afectó la reputación del medio y creó un ambiente de presión sobre su línea editorial. Por eso acudió a la tutela, buscando frenar una estrategia para debilitar al canal y condicionar su operación como medio independiente.

¿Qué resolvió el juez?

En su decisión, el juzgado administrativo concluyó que la acción de tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad, al considerar que el concesionario aún cuenta con otros mecanismos judiciales y administrativos para controvertir las actuaciones del MinTIC y de la SIC. Por ello, el despacho se abstuvo de pronunciarse sobre el fondo del debate y declaró improcedente el amparo.

El fallo también señaló que el juez de tutela no puede intervenir en procesos administrativos o contractuales que siguen en curso ni anticipar decisiones sobre eventuales licitaciones o sanciones.

Desde Canal 1 sostienen que la decisión deja sin resolver los asuntos de fondo y no despeja los riesgos que enfrenta la operación del medio. En particular, advierten que sigue latente la posibilidad de que se convoque una nueva licitación antes de que finalice el contrato vigente, el cual se extiende hasta 2037.

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La impugnación busca que un tribunal superior evalúe si las actuaciones del Estado afectan garantías constitucionales básicas y la seguridad jurídica de un medio de comunicación. Mientras avanza el proceso en segunda instancia, el canal aseguró que continuará operando con normalidad y defendiendo el ejercicio libre del periodismo en Colombia.