La Fiscalía acusará formalmente a 16 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por irregularidades en la licitación de la Ruta del Sol II, relacionadas con el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Estos exfuncionarios, que ocupaban roles clave en la ANI durante el proceso, enfrentan acusaciones por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La lista de implicados en caso de Odebrecht
La acusación formal está programada para el próximo 30 de julio, según Blu Radio.
Entre los implicados se encuentran: Andrés Figueredo Serpa, exvicepresidente de gestión contractual; Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de gestión contractual y luego vicepresidente de planeación de riesgos y entorno; María Clara Garrido, exvicepresidente administrativa y financiera; Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de estructuración; Héctor Jaime Pinilla Ortiz, exvicepresidente jurídico; y Yasmina del Carmen Corrales, supervisora del contrato de concesión.
También están implicados José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de proyectos carreteros; Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de proyectos carreteros; David Leonardo Montaño García, experto en GGC2; Alexandra Lozano Vergara, exgerente de gestión contractual; Harbey José Carrascal, exasesor; Francisco Javier Forero, exasesor financiero; Emerson Durán Varas, exgerente financiero VGC; Cesar Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos; Édgar Chacón Hartman, exgerente Predial VPR; y Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.
Recomendado: Luis Carlos Sarmiento Angulo habla por primera vez de Odebrecht y la Ruta del Sol 2
La investigación reveló que los mencionados, en sus respectivas funciones, habrían proyectado, revisado, tramitado y aprobado cinco otrosíes al contrato 01 de 2010, beneficiando técnica, jurídica y financieramente al concesionario del cual formaba parte la constructora Odebrecht.
Los acusados presuntamente realizaron prácticas ilegales para mejorar las finanzas del concesionario, incrementando su flujo de efectivo y permitiendo adelantos de fondos sin completar el proyecto, evitando asumir deudas, entre otras irregularidades.
Las modificaciones hechas en los contratos fueron aprobadas unilateralmente, sin los estudios previos requeridos y sin la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), lo cual constituye una violación de los procedimientos legales.
—
