La Corte Suprema de Justicia llevará a juicio a seis congresistas investigados por presuntamente intercambiar votos por contratos de obras públicas vinculados al escándalo de corrupción de la UNGRD.
Los implicados son Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, quienes integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, encargada de avalar los créditos que solicita la Nación ante la banca internacional.
Según conoció Semana, la decisión de 667 páginas, adoptada por la magistrada Paula Andrea Ramírez, determinó que existen elementos suficientes para que los seis congresistas respondan en juicio por el presunto delito de cohecho impropio. La investigación señala que habrían aceptado promesas de beneficios a cambio de apoyar los empréstitos solicitados por el Gobierno.
Los contratos que estarían detrás del presunto acuerdo
De acuerdo con el expediente, los hechos se habrían presentado en diciembre de 2023, cuando funcionarios del Ministerio de Hacienda y los congresistas habrían sostenido reuniones para acordar la entrega de contratos de obra pública de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En esos encuentros habrían participado el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el viceministro Diego Alejandro Guevara, y María Alejandra Benavides, quien se desempeñaba como asesora de esa cartera. Los testimonios de Benavides y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, son parte de las pruebas centrales del caso.
La investigación identifica tres contratos que presuntamente se habrían negociado a cambio de los votos de los congresistas. El primero corresponde a obras en Cotorra, Córdoba, por más de $46.000 millones, que habría estado dirigido a Liliana Bitar, Wadith Manzur y Julián Peinado.
El segundo contrato, por cerca de $35.000 millones, estaría relacionado con obras en Saravena, Arauca, y habría beneficiado presuntamente a Karen Manrique y Juan Diego Muñoz. El tercero, por más de $12.000 millones, correspondería a obras en El Carmen de Bolívar y estaría vinculado al voto de Juan Pablo Gallo.
Entre las pruebas mencionadas en el expediente figuran mensajes, testimonios y documentos aportados por los testigos del caso. También aparece una libreta atribuida a Karen Manrique, en la que se habrían registrado reclamos por las demoras en la ejecución de los contratos.
La Corte Suprema rechazó varias solicitudes de las defensas que buscaban frenar el proceso, anular actuaciones o excluir pruebas. Según la decisión, los cuestionamientos sobre la legitimidad de la gestión de proyectos y la valoración de las evidencias deberán discutirse durante el juicio.
No obstante, el documento también señala que la gestión de obras públicas no necesariamente representaría una utilidad patrimonial inmediata para los investigados, sino que podría traducirse en el fortalecimiento de sus relaciones políticas y sociales.
Con esta decisión, los seis congresistas deberán enfrentar el juicio ante la Corte Suprema de Justicia, instancia en la que se examinarán las pruebas sobre el presunto intercambio de votos por contratos públicos.
