La bancada del Centro Democrático radicó en el Congreso un proyecto de ley para modificar la reforma pensional del expresidente Gustavo Petro, establecida en la Ley 2381 de 2024.
La presentación de la iniciativa coincidió con la discusión en la Cámara de Representantes donde se subsanaba un grupo de artículos que devolvió la Corte Constitucional.
El nuevo proyecto será liderado por los senadores Andrés Forero, Claudia Margarita Zuleta y Zandra Bernal, busca “corregir los desequilibrios financieros y las restricciones que, según el partido, introdujo el nuevo sistema”.
Según el Centro Democrático, uno de los argumentos para impulsar la contrarreforma son las alertas sobre la sostenibilidad financiera del sistema. La colectividad estima que la reforma pensional incrementó el déficit en $470 billones y proyecta que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo se agotaría en 2070.
El partido también señala que solo uno de cada cuatro ocupados logra cumplir los requisitos para pensionarse, por lo que propone modificar las reglas de acceso y ampliar las alternativas para quienes no alcanzan una pensión.
¿Qué cambiaría con la contrarreforma pensional?
Uno de los principales cambios sería restablecer la libertad de elección de los afiliados. Para quienes coticen hasta 2,3 salarios mínimos, el proyecto permitiría decidir si sus aportes se destinan a Colpensiones o a un fondo privado. Además, podrían cambiar de administrador cada cinco años, sin límite de edad y con doble asesoría. Entre fondos privados, los traslados podrían realizarse cada seis meses.
Para los afiliados con ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos, la iniciativa contempla un plazo de seis meses para elegir el fondo que administraría el excedente de sus cotizaciones. Si no toman una decisión dentro de ese periodo, se les asignaría uno de manera aleatoria.
El proyecto también busca que el ahorro pensional permanezca bajo la propiedad de los afiliados mediante cuentas individuales constituidas como patrimonios autónomos, separados de los recursos de las administradoras. Los fondos tendrían que invertir el dinero con el objetivo de maximizar la mesada y reducir progresivamente el riesgo a medida que el afiliado se acerque a la edad de jubilación.
En cuanto a las cotizaciones, se mantendría la tasa del 16 % del ingreso base de cotización, distribuida entre el empleador, que asumiría el 75 %, y el trabajador, con el 25 %. La iniciativa modificaría la distribución de los recursos según el componente elegido y las reglas que se establezcan.
También propone una comisión máxima anual del 0,6 % sobre los activos administrados en las cuentas individuales y un límite del 3 % del ingreso base de cotización para la prima del seguro previsional.
Alternativas para quienes no logren pensionarse
Otro de los componentes de la iniciativa es ampliar las opciones para las personas que no cumplan los requisitos para acceder a una pensión. En estos casos, podrían elegir entre recibir la devolución completa de sus ahorros, incluidos los rendimientos; acceder a una indemnización sustitutiva, o recibir una mensualidad vitalicia.
Antes de acudir a estas alternativas, se evaluarían mecanismos como el reconocimiento de semanas por hijos, la pensión familiar, el sistema actuarial de equivalencias y la garantía de pensión mínima.
La mensualidad vitalicia se calcularía con base en el ahorro invertido y las reglas de actualización de los aportes realizados a Colpensiones. El monto tendría como piso la renta básica solidaria y como techo el 80 % de un salario mínimo, de acuerdo con la propuesta.
El proyecto mantendría la edad de pensión en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Para estos últimos, el requisito seguiría siendo de 1.300 semanas cotizadas. En el caso de las mujeres, se plantea reducir el requisito en 15 semanas por año, desde 1.135 semanas en 2026 hasta llegar a 1.000 en 2035.
Asimismo, quienes estén afiliados a fondos privados podrían pensionarse a cualquier edad si cuentan con el capital necesario para financiar el 110 % de una pensión mínima.
La contrarreforma propone establecer reglas más precisas para las garantías financiadas con recursos públicos. Cada mecanismo tendría que identificar los riesgos cubiertos, los responsables, las fuentes de financiación y los límites de la cobertura. Cuando se comprometan recursos del Estado, se requeriría autorización legal expresa y un estudio actuarial.
También se plantea que Colpensiones contrate el seguro de invalidez y sobrevivencia, en lugar de asumir directamente esos riesgos.
En materia de trámites, el proyecto establece un plazo máximo de cuatro meses para reconocer una pensión de vejez, 60 días para incluir al pensionado en nómina y dos meses para reconocer pensiones de invalidez y sobrevivientes. Colpensiones, además, tendría que enviar extractos al menos cada tres meses y habilitar trámites en línea.
La iniciativa contempla igualmente un sistema actuarial de equivalencias para convertir ahorro en semanas faltantes, cuya reglamentación estaría a cargo del Gobierno en un plazo de seis meses. Se mantendría la garantía de pensión mínima para quienes cumplan los requisitos de edad y semanas, pero no tengan el capital suficiente, así como el pago de 13 mesadas al año.
Finalmente, la propuesta incluye alternativas para recibir la pensión complementaria: una anualidad vitalicia mediante una mutualidad de riesgos, un complemento pensional financiero temporal y heredable, o una renta vitalicia contratada con una aseguradora.
El proyecto deberá surtir su trámite legislativo en el Congreso antes de convertirse en ley.
