La nueva ley de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas en Chile, más conocida como Ley de Quiebras, cumplió cinco años a fines de 2019. Y por ello, el Ministerio de Economía comenzó a analizar junto a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento cambios a la legislación.
Esas modificaciones quedaron en pausa debido al estallido social. Eso hasta ahora, ya que el Ejecutivo quiere reactivar los cambios, dada la nueva coyuntura de crisis del coronavirus y su impacto en la actividad económica.
El objetivo de la iniciativa es simplificar algunos procedimientos que son largos y complejos y, a la vez, facilitarles los requisitos, tanto a empresas como a las personas, para que prefieran acceder a un proceso de reorganización antes que a uno de quiebra.
Esto, porque actualmente el costo para que las pymes puedan acceder a un proceso de reorganización es elevado, ya que se le exige contar con un informe de un contador y con la presencia de un veedor (síndico).
Esto va en contra de la idea original de la ley, que era favorecer el reemprendimento. Una idea para ajustar el proyecto es fijar un precio estándar para acceder al veedor y todos los trámites que se requieran.
Otro punto que se piensa modificar es que la ley considera empresa a toda persona que haya emitido boleta (documento que registra ingresos por prestación de servicios), es decir, le da el “nombre de empresario” y no persona natural.
Esto hace complejo que un trabajador a honorario se pueda declarar en quiebra. Por ello, una de las modificaciones se concentraría en eliminar esa definición y que se pueda acceder a este proceso como persona natural.
De hecho, ambos puntos están dentro del proyecto mixto que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento.
En dicho texto se menciona que “se busca que quienes emiten boletas a honorarios dejen de ser calificadas como empresa deudora y pasen a ser persona deudora, para así poder acogerse a la renegociación. Por otro lado, se crea el concepto de ‘empresa de menor tamaño’, asegurando un acceso de menor costo al proceso de reorganización a este segmento”.
Este proyecto se encuentra en primer trámite legislativo en la Comisión de Economía del Senado. Dada esa lentitud, el Ejecutivo optará por una iniciativa propia para abordar esta temática.
Una tercera modificación que se analiza es que para la renegociación de una persona natural la ley exige una morosidad de 90 días. Esto produce dos efectos: el deudor cae en Dicom (sistema de datos públicos con historia financiera negativa) y las empresas de cobranza y los bancos aceleran sus procesos de cobranza para hacerlo antes de 90 días.
El problema es que la ley impide que se realice este proceso de liquidación o reorganización con un proceso de demanda en curso. Una opción que se baraja es disminuir el plazo de 90 días.
Situación actual
En el período enero-marzo de 2020 se han ingresado 1.298 procesos de personas, concentrándose en la Región Metropolitana con el 42,8 % y en el resto de las regiones el 57,2 %. Por otro lado, tratándose de las empresas deudoras, han ingresado 15 procedimientos concursales de reorganización, de los cuales el 66,7 % corresponde a la Región Metropolitana y 33,3 % al resto de las regiones.
En el caso de liquidación de activos de la empresa, los procedimientos ingresados son 437, los cuales se distribuyen con el 51,0 % en la Región Metropolitana y el 49,0 % al resto de las regiones del país.
(Con información de La Tercera).
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