La llamada Lista Clinton es el nombre extraoficial con que se conoce al registro formal de la OFAC de EE. UU. llamado Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT) list.
Fue creada en 1995 mediante la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Bill Clinton, conocida como la lista negra de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo.
Colombia, como uno de los países más relevantes en la guerra contra las drogas, ha estado asociada con esta lista desde sus inicios.
Los primeros años: carteles y grandes designaciones
La orden ejecutiva de 1995 empezó por señalar a los cuatro jefes del Cartel de Cali —Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Helmer Herrera— como “traffickers significativos”.
En los años siguientes, decenas de particulares y empresas colombianas fueron designadas en la Lista Clinton por su vinculación al narcotráfico o al lavado de activos. De hecho, un informe estimaba que “uno de cada cinco” en la lista negra del Tesoro de EE. UU. tenían origen colombiano.
Estas designaciones implican que los individuos o entidades no pueden mantener transacciones con personas o empresas de Estados Unidos, y sus activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
Colombia en la era contemporánea: revisiones, eliminaciones y memoria institucional
Con el paso de los años, varias empresas colombianas que habían sido señaladas lograron ser removidas de la lista. Por ejemplo, clubes de fútbol, compañías vinculadas al entorno del narcotráfico, fueron excluidos tras revisiones de la OFAC.
En paralelo, esta lista se convirtió en una referencia habitual para bancos, firmas de exportación e instituciones financieras en Colombia, que deben validar clientes contra la lista como medida de cumplimiento (compliance).
El hecho de que muchas definiciones hayan estado vinculadas al pasado de los carteles colombianos da cuenta de que la política antidrogas de EE. UU. y la política de sanciones han tenido un impacto estructural para Colombia.
Aunque se menciona que “más de 600 personas y empresas colombianas” han estado en la lista, el detalle público de quiénes exactamente y en qué momento no es siempre completo.
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El nuevo capítulo: sanciones sobre el gobierno de Petro y ruptura con EE. UU.
En octubre de 2025, la relación entre Colombia y los Estados Unidos escaló fuertemente. Según comunicados y reportes de agencias como AP y El País, la administración del presidente Donald Trump incluyó al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior Armando Benedetti en sanciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El cambio no fue únicamente diplomático, sino que implicó una inclusión formal en la lista de sancionados de EE. UU., lo que representa un nuevo nivel de tensión bilateral. En paralelo, el gobierno colombiano retiró a su embajador en Washington y la administración Trump amenazó con recortar ayuda y establecer tarifas sobre productos colombianos.
La inclusión de un mandatario en funciones, su familia y un alto funcionario del gobierno colombiano en la lista de sancionados de EE. UU. representa un hito en la historia de la cooperación bilateral.
La historia de Colombia y la Lista Clinton muestra una evolución que va de los grandes carteles de los años 90, pasando por procesos de sanciones y remociones, hasta arribar a una fase en que figuras políticas contemporáneas se encuentran bajo el alcance de las sanciones estadounidenses.
