Luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el Decreto 415 de 2026, que ordenaba el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, el Gobierno advirtió que la decisión judicial podría poner en riesgo el pago de obligaciones pensionales de miles de afiliados trasladados al sistema público.
Ante el fallo, Colpensiones anunció que interpondrá un recurso de súplica con el fin de que el alto tribunal revise nuevamente la medida cautelar.
El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, defendió la legalidad del decreto y cuestionó duramente la posición de los fondos privados de pensiones.
“No pueden mantener secuestrados los dineros de la gente solo porque los tienen fuera del país”, afirmó Dussán en declaraciones a Asofondos.
El directivo insistió en que cerca de 25.000 personas dependen de esos recursos para el reconocimiento y pago de sus mesadas. “A las 25.000 personas se les pagan los recursos que señaló la ley”, sostuvo.
En entrevista con Caracol Radio, Dussán aseguró que la decisión del Consejo de Estado “es equivocada” y reiteró que acudirán al recurso de súplica.
“La potestad reglamentaria es del Gobierno. Por eso decretamos la pensión a las casi 25.000 personas, en el entendido de que el decreto obligaba a los fondos a girarle a Colpensiones”, explicó.
El presidente de la entidad también pidió que se haga cumplir lo establecido en la ley y la Constitución. “Deben obligar a que se cumpla lo mandado en la ley y la Constitución”, afirmó.
Además, lanzó cuestionamientos sobre la rapidez con la que se produjo el cambio de criterio judicial. “No tengo duda. A veces pasan ese tipo de cosas y me sorprendió tanto que un magistrado haya cambiado tan rápido su decisión”, dijo al ser consultado sobre un presunto lobby de los fondos privados ante el Consejo de Estado.
Detalles de la decisión del Consejo de Estado que genera la reacción del Gobierno Petro
El decreto buscaba habilitar el traslado de cerca de $25 billones desde las AFP hacia Colpensiones, dineros correspondientes a afiliados que aprovecharon la ventana de traslado aprobada en la Ley 2381 de 2024.
Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que el Gobierno habría excedido su potestad reglamentaria al modificar el destino legal de esos recursos mediante decreto y no a través de una ley aprobada por el Congreso.
Frente a ello, el Gobierno Petro respondió asegurando que el tribunal no tuvo en cuenta un problema operativo de fondo: la coexistencia simultánea de afiliados en dos regímenes pensionales distintos.
