La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes admitió una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro, presentada por el abogado y exministro Enrique Vargas Lleras, por los delitos de injuria y calumnia.
La denuncia surge tras los señalamientos hechos por el jefe de Estado contra la familia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a quienes acusó públicamente de tener intereses indebidos en el manejo de la Nueva EPS y la Cámara de Comercio de Bogotá.
El auto de sustanciación, con radicado 6781, designa como representantes investigadores a los congresistas Daniel Restrepo Carmona (coordinador), Karyme Adriana Cotes Martínez y Juan Carlos Wills Ospina, quienes deberán adelantar la etapa inicial del proceso.
El trámite del proceso
De acuerdo con la decisión, Vargas Lleras deberá ratificar su denuncia en diligencia formal que será citada en los próximos días por la Secretaría de la Comisión. Posteriormente, se notificará al presidente Petro en su calidad de jefe de Estado.
El documento establece que la notificación oficial también se enviará a la Secretaría General del Senado, con el fin de certificar la condición de aforado del mandatario.
La denuncia se da en medio de una fuerte confrontación entre Petro y la familia Vargas Lleras. El presidente ha cuestionado en varias ocasiones los vínculos de esa familia con el sector salud y empresarial, mientras que desde Cambio Radical y sectores cercanos al exvicepresidente han respondido con acciones judiciales y críticas al gobierno.
Cabe recordar que el Consejo de Estado ordenó por segunda vez al presidente Gustavo Petro retractarse de las acusaciones hechas contra Enrique Vargas Lleras.
El tribunal determinó que Petro vulneró la honra y el buen nombre de Vargas al afirmar que la familia habría ocultado deudas de $5 billones en la Nueva EPS, sin sustento judicial ni administrativo.
La sentencia obliga al presidente a publicar en un plazo de 48 horas, en sus redes y en las cuentas oficiales de la Presidencia, un mensaje en el que aclare que esos señalamientos “no son ciertos”. El pronunciamiento deberá permanecer visible durante dos meses.
El caso se originó en enero de 2025 y, tras una tutela de Vargas Lleras, el Consejo de Estado ya había fallado en primera instancia a su favor en abril. La Presidencia apeló, pero la decisión fue ratificada en agosto de 2025.
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