En el documento que la Comisión de Expertos le entregó al Gobierno y en el cual se da el aval a que en el país se lleven a cabo los pilotos de exploración y producción de yacimientos no convencionales (fracking), la comisión también recomienda medidas estatales para realizar una transformación energética.
“Para que el uso del fracking se asocie a la gestión de territorios sostenibles y al desarrollo sostenible del país, más que una política de gobierno es necesaria una política de Estado, donde se articulen todos los actores en torno a una nueva matriz energética, que permita el desarrollo integral y sostenible”, dice el documento.
El texto también añade que ese pacto ayudaría a impulsar la diversificación de la economía nacional al depender cada vez menos del petróleo. Los expertos también creen que gracias a la transición energética el país se podría alinear con distintos convenios internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo el cual hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación.
El documento de los expertos añade que, con el tiempo, lo que va a obligar la sustitución del uso del petróleo es la necesidad de evitar que el calentamiento global se siga fortaleciendo.
“Si el planeta busca alcanzar esta meta (calentamiento global inferior a 1,5 grados) en el mediano plazo, se debe acordar que parte del carbón, el petróleo y el gas sean dejados en el subsuelo y no sean utilizados”, dice el escrito.
“Asimismo, el comité alienta al Estado a que fomente energías alternativas y renovables, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y establezca metas nacionales con parámetros de referencia definidos en el tiempo”, agregan los expertos.
El informe de la comisión sostiene que para que la implementación de las no convencionales se lleve a cabo con éxito en el país es necesario que haya un esquema para la participación comunitaria en cuanto a la toma de decisiones.
“Una herramienta adicional para hacer de las comunidades locales unas aliadas en los procesos, es que las comunidades locales sean socias en los procesos de explotación de hidrocarburos. Esto incluye definir un porcentaje de participación en el valor de la producción o los ingresos totales que genere el proyecto, que pueden ir a un fondo para el apoyo al desarrollo regional y definir un mecanismo para que voceros de las comunidades entren a formar parte de instancias de decisión para estar informados de las determinaciones y resultados de la explotación de hidrocarburos que son de su interés”, explica el texto.
El documento finaliza afirmando que para disminuir los riesgos de contaminación de acuíferos y el deterioro de la biodiversidad y de los ecosistemas terrestres, es indispensable generar información completa y suficiente sobre aspectos hidrogeológicos y ecosistémicos en las áreas donde se pretenda adelantar un proyecto de explotación.
“La información de uso e impacto sobre los recursos naturales debe ser pública, además su uso y monitoreo debe hacerse en línea y estar disponible para las comunidades locales. Igualmente debe ser pública la información de los resultados de los pilotos y más adelante los de la explotación de hidrocarburos, si esta llega a darse”, termina el documento.
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