La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) publicó un decreto que reglamenta el derecho a la portabilidad financiera y promete transformar la relación de los ciudadanos con sus bancos, permitiéndoles cambiar de entidad de forma ágil, segura y sin costos adicionales.
En la práctica, si un cliente que ya tiene un crédito desea cambiar su entidad por otra que la ofrezca una mejor tasa de interés o condiciones más cómodas, puede pedir el traslado de su deuda y de toda su información histórica de manera sencilla.
El objetivo principal de la norma (disponible al final de este artículo) es eliminar las trabas y costos que hoy hacen que la gente prefiera quedarse en un banco, aunque no esté satisfecha. De hecho, la URF identificó que los procesos de cambio hasta ahora han sido manuales, lentos y costosos, lo que desincentiva la competencia.
La entidad destacó que la flexibilidad en la portabilidad es posible gracias al sistema de Finanzas Abiertas (Open Finance), una tecnología que permite que los bancos compartan la información que sus clientes autoricen de forma segura y digital con el fin de ofrecerles productos ajustados a sus necesidades.
¿Qué productos se podrán portar?
En esta primera etapa, el Gobierno se ha centrado en los productos de crédito, que es donde los colombianos suelen tener más dificultades para moverse.
Los clientes de entidades financieras podrán solicitar la portabilidad de préstamos personales, de vehículo y tarjetas de crédito, así como hipotecas y contratos de leasing habitacional o deudas que se descuentan directamente de la nómina (libranza).
La portabilidad también aplica para créditos comerciales, enfocados principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas.
Para poder hacer el trámite, la pieza clave es el nuevo certificado de portabilidad financiera, un documento digital que el banco debe entregarle al cliente (o enviar a la nueva entidad) con toda la información de la deuda: monto, tasa de interés, garantías, condiciones, etc.
El cliente solo debe acercarse al banco de destino (el que le ofrece mejores condiciones) y manifestar su intención de mudarse con el certificado de portabilidad financiera para que la entidad estudie el caso y le haga una oferta de portabilidad con condiciones claras y comparables.
El decreto especifica que esta opción no podrá generar sanciones o cobros adicionales para el consumidor y es enfático en que las entidades tienen plazos estrictos para responder (de 3 a 5 días calendario).
Aunque la norma ya está en firme, la Superintendencia Financiera tiene un plazo de hasta 24 meses para definir los estándares técnicos finales. Una vez publicados estos estándares, los bancos tendrán hasta un año para habilitar los sistemas que permitan este intercambio de información.
Con esta norma, el Gobierno busca empoderar al consumidor, reducir el costo de los créditos y fomentar que los bancos compitan por ofrecer el mejor servicio a sus clientes.
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