El Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) constituye uno de los requisitos indispensables para que los conductores puedan circular legalmente por las vías del país. Este documento, de carácter obligatorio, cumple una función esencial dentro del sistema de movilidad, ya que garantiza la atención inmediata de las víctimas de accidentes de tránsito, sin importar quién haya sido el responsable del siniestro. No obstante, en los últimos meses el SOAT ha vuelto al centro del debate público debido a las propuestas de modificación planteadas desde el Gobierno nacional.
Recientemente, el presidente Gustavo Petro expuso la posibilidad de transformar el SOAT en un impuesto de carácter fiscal y, de manera paralela, redefinir los criterios con los cuales se determina el valor que deben pagar los propietarios de vehículos. Según lo manifestado por el mandatario, el esquema actual de financiación presenta limitaciones frente a las crecientes necesidades fiscales del país, lo que ha motivado a revisar la naturaleza de los recursos que se obtienen a través de este mecanismo.
Dentro de la propuesta se plantea un ajuste al modelo vigente, tanto en la forma como se recauda el dinero como en el método utilizado para calcular la tarifa. En ese sentido, se ha sugerido que el valor a pagar esté más estrechamente relacionado con las características técnicas de los vehículos, tales como su potencia, cilindraje y capacidad, aspectos que inciden directamente en el nivel de riesgo asociado a la circulación.
El presidente también señaló que los ingresos provenientes del SOAT, junto con otros aportes vinculados al sistema de aseguramiento, no crecen al mismo ritmo que las obligaciones del Estado en materia de atención a víctimas y sostenibilidad fiscal. Por esta razón, solicitó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, evaluar la viabilidad de convertir el SOAT en un impuesto, lo que implicaría un cambio estructural en su concepción y administración.
De concretarse esta reforma, uno de los principales efectos sería una redistribución del pago entre los diferentes tipos de vehículos. Motocicletas y automóviles de menor potencia podrían beneficiarse con tarifas más bajas, mientras que los vehículos de mayor capacidad, especialmente aquellos con mayor cilindraje y cuatro puertas, asumirían un costo superior. La intención, según lo expuesto, sería avanzar hacia un esquema más equitativo, en el que el monto a pagar guarde coherencia con las condiciones técnicas del automotor.
